Madrid. El Gobierno de Rajoy no ha dado con la tecla para sacar a España del pozo de la crisis de deuda ni para poner freno al desplome de los ingresos fiscales. Habrá que esperar unos meses hasta calibrar el efecto de la subida del IVA que ha entrado en vigor este mes, pero de momento, otro de los proyectos estrella del PP en el ámbito tributario, la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo ha naufragado estrepitósamente.

La Hacienda española ha recaudado 50,4 millones de euros hasta julio gracias al mecanismo con el pretendía hacer aflorar dinero negro. Esa cifra, ingresada en cuatro meses, supone solo el 2% de los 2.500 millones que espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria. Quedan por contabilizar cinco meses, pero al tratarse de una medida de gracia que no tiene una fecha concreta de liquidación, se puede ya hablar de un nulo intereses por parte de los defraudadores de blanquear sus fondos ocultos al fisco. Una de las causas, apuntan funcionarios del Ministerio de Economía, es el recurso presentado por los socialistas ante el Tribunal Consistitucional. La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada con una medida "excepcional y extraordinaria" para el año 2012 con el objetivo de recaudar practicamente la misma cantidad que estima que ingresará con la subida del IVA (2.3000 millones). La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal. Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. Ninguna de las tres diputaciones forales vascas, autónomas en materia fiscal, han aplicado la medida. Ni siquiera la de Araba, gobernada también por los populares. El PSOE justificó el recurso ante el Constitucional por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. La penalización mínima no ha convencido a los defraudadores.