Bilbao. Los mercados han dado una tregua al Gobierno de Mariano Rajoy que se prolonga desde la última semana de julio, de forma que la prima de riesgo española se encuentra en estos momentos por debajo de la cota psicológica de los 500 puntos, cuando el 24 del mes pasado llegó a cerrar en 638. La bajada de la prima de riesgo, unida a fuertes subidas de la Bolsa de Madrid, es en sí una noticia positiva para la solvencia del Estado español, pero los expertos rebajan la euforia y subrayan que se trata casi de un espejismo que no impedirá que Rajoy se vea abocado a pedir ayuda a Bruselas a la vuelta de las vacaciones.

“Si hay alguna racionalidad económica en este movimiento de los inversores es sin duda el compromiso por parte de España de pedir un segundo rescate”, resume Joaquín Arriola, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco. Arriola coincide con la mayoría de expertos en que los inversores ya dan por hecho que España pedirá ayuda a sus socios de moneda y al Banco Central Europeo (BCE) para que compren bonos de deuda de forma que le permitan financiarse a bajo coste. Un rescate permitiría al Estado cumplir con sus obligaciones por lo que anima a los inversores a confiar en la deuda española, con la consiguiente bajada de la prima de riesgo.

Por eso el primer gran descenso del diferencial entre el bono español y el alemán se produjo los días siguientes al 26 de julio, cuando el BCE anunció que haría todo lo necesario para que los países con problemas pudiesen evitar la bancarrota. La prima de riesgo española había rozado los 650 puntos, pero a partir de aquellas palabras mágicas de Mario Draghi inició un abrupto descenso. Sin embargo, aquel mensaje de calma no se ha concretado en acciones concretas desde la sede del BCE, sino que más bien el emisor del euro ha emplazado a Rajoy a dar primero el paso de solicitar formalmente la ayuda, por lo que la prima se congeló unos días en el entorno de los 540 puntos. Ha sido esta semana cuando de nuevo los mercados han vuelto a aflojar la presión hasta hacer caer el diferencial por debajo de los 500 puntos -gracias en parte a un repunte del interés del bono alemán-. La Bolsa española ha cerrado la segunda mejor semana del año al remontar un 7,28% en cinco días.

Pero, ¿salvará todo esto a España de un segundo rescate? Arriola tiene claro que esta tregua de agosto es debida sobre todo a la “escasa movilidad” de agosto en los mercados más que a la economía real. No obstante, apunta que los pocos inversores que se animan a comprar deuda española lo hacen porque esperan un chorro de liquidez desde Bruselas más pronto que tarde. “La UE garantiza que hay fondos para pagar la deuda, pero si Rajoy no pide el rescate después del verano la prima se volverá a disparar”, asegura Arriola, que recuerda que el riesgo español aún sigue por encima del de otros países en apuros como Italia o Irlanda.

Algo parecido piensa Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Apunta que a estas alturas “nadie duda de que habrá otro rescate, lo que está en cuestión es en qué términos”. “Esta ha sido una semana anómala, pero a partir de la semana que viene empezaremos a ver qué piensan los mercados de verdad. Igual no hay ni que esperar a septiembre, en unos días podría volver la presión a Rajoy”, atisba Torres.

El catedrático sostiene que el Gobierno español debe pedir ayuda a Bruselas cuanto antes -de forma que se active la compra de deuda por parte del fondo de rescate y el BCE- ya que entiende que el retraso del Ejecutivo solo agravará aún más las condiciones exigidas a cambio por Bruselas. “Rajoy trata de coger aire para evitar tener que pedir un rescate formal, le preocupa más su situación política que la economía española”, afea Torres, que tiene claro que a partir de septiembre llegarán las consecuencias de “unas políticas económicas desastrosas”. Se refiere a las exigencias que pondrán el Ejecutivo comunitario y el BCE a cambio de su ayuda. De momento ambos han avanzado que la compra de deuda estará sujeta a una “estricta condicionalidad” lo que supone más vigilancia para hacer reducir el déficit español y, en caso de incumplimiento, el correctivo de nuevos ajustes, empezando por un retraso de la edad de jubilación efectiva, su demanda más inmediata.