BILBAO. En un comunicado, la central ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de pretender "imponer nuevos recortes para destruir empleo público y empeorar aún más las condiciones de trabajo".

ELA ha denunciado los "graves recortes" propuestos por el Gobierno que, además, plantean "nuevas invasiones de competencias". En este sentido, ha asegurado que la eliminación de una paga extraordinaria para los trabajadores públicos supone una nueva reducción salarial del 7 por ciento, con lo que este colectivo habrá perdido más del 20 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

También ha advertido de que eliminar los complemento en casos de bajas "castigará" a los trabajadores que enfermen y provocará que "personas que no puedan permitirse perder más dinero tengan que acudir a trabajar sin estar en condiciones de hacerlo".

El sindicato ha destacado que se anuncia "una reestructuración completa de la función pública para reducir el número de trabajadores y eliminan días de libre disposición con el mismo objetivo", a lo que suma "la limitación de medios para la defensa colectiva" de los empleados públicos.

A su juicio, estas medidas "no hacen más que ahondar en el deterioro de los servicios básicos a la ciudadanía, dado que la destrucción de más empleo público, el aumento de cargas de trabajo y el resto de recortes en las condiciones de trabajo sólo pueden derivar en el deterioro de la calidad de los servicios públicos, cuando no en la eliminación de algunos de ellos".

"EL PAGO CÓMPLICE"

En esta línea, ha considerado que, "lejos de ser medidas para salir de la crisis, estos recortes son el pago cómplice de los gobiernos a los poderes financieros y a la Unión Europea por el préstamo envenenado realizado al estado español para el supuesto rescate del sistema bancario".

"Nuevamente, los poderes económicos y los gobiernos toman como rehenes a la clase trabajadora para pagar los inmensos agujeros creados por ellos debido al ansia de la acumulación de riqueza y la especulación", ha censurado.

ELA ha alertado de que, "bajo la coartada de la crisis y de la deuda", el objetivo de todas estos ajustes es "la descapitalización del bien común" que suponen los servicios públicos para proceder a su privatización, en un momento en que resulta "más necesario" su fortalecimiento con el fin de "atender las necesidades de una sociedad cada vez más pobre y desprotegida".

En este contexto, ha opinado que el "intento de imposición" del Gobierno español exige "interpelar" a todas las administraciones de Euskadi y Navarra para que "defiendan su autonomía contra estas políticas neoliberales que pretenden cargar sobre los servicios públicos y sobre la ciudadanía la irresponsabilidad, complicidad y práctica criminal de gobiernos y poderes económico-financieros".

"Ante semejante ataque, más allá de posturas electoralistas, no cabe más acción que la confrontación democrática y la desobediencia para quienes reivindiquen y pretendan aplicar políticas sociales justas. Se trata de un ejercicio práctico de defensa de derechos básicos y fundamentales y de soberanía en materia social que pedimos desde ELA a todas las instituciones de Hego Euskal Herria. Quienes no quieran aplicar estas medias que no lo hagan o dejen el cargo", ha indicado.

Finalmente, ha animado a "seguir movilizándonos" porque "los únicos derechos sociales y laborales de los que vamos a disfrutar son aquellos que seamos capaces de defender".