Vitoria. Como estaba previsto, los 89 trabajadores amenazados con el despido en Esmaltaciones San Ignacio agotarán la vía judicial para tratar de evitar la liquidación de la histórica compañía y, de paso, continuar al frente de sus puestos de trabajo. Después de que el pasado jueves la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 desestimara los dos recursos presentados por las centrales sindicales (UGT, USO, CCOO, ELA y LAB) y el Ayuntamiento de Vitoria -en calidad de acreedor- para tratar de evitar la liquidación definitiva de la empresa, la plantilla decidió ayer quemar el "último cartucho" y presentar un nuevo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Del cómo y cuándo (las partes disponen de 20 días hábiles a partir de la publicación del auto) hablarán los sindicatos en la rueda de prensa que han convocado para mañana. Mientras tanto, el otro afectado, el Ayuntamiento, evitó ayer pronunciarse al respecto. Según un portavoz oficial, el asunto se encuentra ya en manos de los abogados, que en breve tomarán una decisión una vez se conozca el contenido de la auditoría, que revelará qué hizo la empresa con los 26 millones de euros provenientes de la recalificación de terrenos que el Ayuntamiento le concedió a cambio de inversiones. Trabajadores y Ayuntamiento no se habían reunido ni puesto al corriente al cierre de esta edición.
Exigencias de Bildu Al igual que en ocasiones anteriores, el grupo municipal de Bildu también se posicionó en favor de la plantilla, pidiendo en este sentido al Alcalde, Javier Maroto, que agote todos los recursos posibles antes de evitar su clausura definitiva. En este sentido, David Pina exigió que se agilicen los trámites para disponer a tiempo de la auditoría. En caso de que no llegara a tiempo, añadió, "sería bueno un aplazamiento del proceso judicial abierto hasta que se aclaren las dudas sobre si los 26 millones se revirtieron en Vitoria o no.
