vitoria. Si quedaba algún resquicio legal para evitar el desmantelamiento de Esmaltaciones San Ignacio, ayer quedó prácticamente roto cualquier hilo de esperanza tras el auto de la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria, María José Villalain, que desestimó los dos recursos presentados por los representantes de los trabajadores (UGT, USO, CCOO, ELA y LAB) y el Ayuntamiento de Vitoria -en calidad de acreedor- para intentar frenar el cierre definitivo de la histórica firma de menaje, en la que trabajan 89 profesionales. El anuncio de liquidación se produjo el pasado 7 de septiembre a través de un auto que otorgaba el control de la empresa a un administrador concursal para que dirigiera el desmantelamiento de la actividad y el proceso de liquidación. Los cinco sindicatos basaron su recurso en que los administradores concursales no detallaron la situación económica del resto de las empresas del grupo al que pertenece Esmaltaciones, lo que supone, a su juicio, una "irregularidad relevante" para comprender cuál es realmente su situación patrimonial. Sin embargo, la jueza rechaza este argumento al entender que no tiene "ninguna relación" con el auto recurrido, ya que la ley concursal establece que los deudores deben pedir la liquidación de la empresa simplemente cuando no puedan cumplir con los pagos y obligaciones contraídas.
No a la petición subsidiaria También desestima la "petición subsidiaria" de los sindicatos de que el cierre se extienda a todas las empresas del grupo, algo que, según dice, habrá que estudiar en todo caso una vez que se decida o no la liquidación de la firma alavesa. Respecto a la "falta de motivación" en las explicaciones dadas sobre la necesidad de cerrar la empresa que alegó el Ayuntamiento, la jueza recuerda que en las alegaciones presentadas por la empresa y por la administración concursal ya se explica que Esmaltaciones no puede hacer frente a los pagos por la reducción de la demanda en el mercado nacional, la bajada de los precios de venta y el aumento de costes, de ahí que haya acumulado 18 millones de euros de pérdidas. La decisión judicial adoptada ayer puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Álava en un plazo de veinte días.
