El Gobierno apuesta por los contratos temporales para combatir el desempleo

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa para los desempleados que hayan agotado la protección por paro y que conlleva una ayuda de 400 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que en una situación como la actual lo importante es mantener el empleo y afirmó que el Gobierno prefiere un trabajador "temporal a un parado".

El Gobierno optó finalmente por modificar el contrato de formación y no hacerlo con el parcial porque éste está funcionando "muy aceptablemente" durante la crisis, según Gómez. Recordó que el 15% de los asalariados en España trabajan a tiempo parcial, "prácticamente el doble que hace 7 u 8 años".

Por ello, el Gobierno ha decidido hacer frente al exceso de paro juvenil ya que en España hay 1,6 millones de desempleados menores de 30 años, y hay 300.000 de entre 25 y 30 años sin cualificación para acceder a la formación profesional.

Sobre el nuevo contrato de formación y aprendizaje, que se extenderá a jóvenes de hasta 30 años, Gómez aseguró que tendrá una duración mínima de entre uno y dos años frente a los seis meses actuales, lo que permitirá que pueda prolongarse hasta un máximo de tres años si el proceso formativo lo exige.

Con esta medida se incrementará "significativamente" el volumen de contratos formativos que, avanzó, es bajo porque ascienden a 100.000 contratos al año, con una duración media de seis meses frente a los 12 millones de contratos que se firman anualmente.

bonificación El ministro, que no avanzó el coste que supondrá esta medida para la Seguridad Social, estimó que actualmente hay un 35% de contratos a tiempo parcial que sí podrían disfrutar de una reducción de la cotización. Este nuevo contrato, dirigido a jóvenes que carezcan de cualificación profesional alguna, estará bonificado con reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 100% en el caso de la pymes. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

Gómez subrayó que no se trata de un "contrato basura" porque su retribución será la establecida en convenio en proporción a la jornada, que es del 75% de la habitual (el 25% restante se dedicará a formación), frente al 85% que establecía hasta ahora para estos contratos. El trabajador contratado bajo esta modalidad tendrá derecho a prestación por desempleo y estará protegido por todas las contingencias comunes y prestaciones de la Seguridad Social.

Respecto a la suspensión durante dos años de la obligación de hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hayan encadenado contratos temporales durante 24 meses, insistió en que es una medida concebida para sostener el empleo, que es de carácter temporal y no supone la eliminación de la reforma de 2006, cuyo contenido se restaurará. "Lo que pretende el Gobierno es que no se destruya empleo, aunque sea temporal, que no se despida a esos trabajadores a los que los empresarios no pueden hacer indefinidos", aseguró Valeriano Gómez.

Respecto al Fogasa, se amplía el plazo en el que se seguirán pagando hasta 8 días de indemnización por despidos objetivos (que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado).

En cuanto al fondo de capitalización del despido (modelo austríaco) se aplaza al primer semestre de 2013, cuando se volverá a negociar con los agentes sociales. Además, este fondo requiere una inversión que es "inviable", según Gómez, en la actual situación económica.

El Gobierno también ha prorrogado el Plan Prepara hasta el 15 de febrero de 2012, la ayuda de los 400 euros mensuales para los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo, para lo que se dotará un presupuesto de 50 millones de euros. El ministro Portavoz, José Blanco, señaló que es un tema de "justicia social y eficacia económica".

reacciones Los dos sindicatos mayoritarios criticaron duramente estas medidas y mientras UGT consideró que son "parciales, equivocadas y muy negativas", el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, calificó de "aberración" el nuevo contrato de formación. Para ambas centrales sindicales las iniciativas no dan prioridad a la recuperación económica ni al empleo.

CEOE y Cepyme lamentaron que no se reforme la contratación a tiempo parcial y negaron que el nuevo contrato para formación afronte las necesidades laborales de los jóvenes.

Asimismo, las dos principales asociaciones de trabajadores autónomos, UPTA y ATA, criticaron que el Gobierno no haya incluido medidas para fomentar el empleo de los jóvenes emprendedores.