vitoria. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, defendió ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Rover "incluye un añadido que no existe en el Concierto Económico y que no tiene soporte legal alguno", al tiempo que criticó que la Junta Arbitral ha sido "corregida" por una instancia que "no es una especialista en Concierto ni derecho foral o fiscal". Aguirre compareció ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento, a petición del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, para informar sobre la situación del citado caso, ya que la sentencia del TS obliga a devolver los 435 millones de euros ingresados por la Diputación alavesa. El origen de este conflicto está en el transporte de vehículos de la marca británica que se traían desde el Reino Unido hasta el puerto de Pasaia, y desde ahí eran llevados a la localidad alavesa de Araia, desde donde se distribuían a los concesionarios para su comercialización.

El TS acordó el pasado 13 de abril el recurso presentado por la Agencia Tributaria contra la resolución de la Junta Arbitral del 19 de junio de 2009 que obligaba al pago de 435 millones de euros por las operaciones realizadas en la localidad alavesa. Esta sentencia fue notificada a Diputación el pasado 6 de mayo -es quien ostenta la competencia fiscal-, lo que significa que esta entidad deberá devolver al Gobierno español dicha cantidad como consecuencia de la resolución de la Junta.

"No comparto el fallo" Aguirre detalló ayer que "no comparte" el fallo aunque lo "respeta y acata", al considerar que se trata de una "interpretación errónea" del punto de conexión del IVA y del lugar de realización de la entrega de bienes. Según el consejero de Economía, estos extremos están "pactados y recogidos" por el Concierto. El Gobierno Vasco defiende que "el único parámetro" para enjuiciar los conflictos en materia tributaria entre el Estado y el País Vasco es el propio Concierto "y no otro tipo de leyes", al tratarse de una norma especial y pactada. Por este motivo, la decisión del Supremo deja en "entredicho" el procedimiento establecido en el Concierto y la propia labor de la Junta Arbitral. "Creemos que ha hecho una interpretación que no es la que un especialista haría, y por tanto entendemos que es una interpretación sesgada del Concierto Económico", subrayó Aguirre.

Precedentes favorables En este sentido, recordó que esta sentencia supone la primera ocasión en la que el TS corrige una resolución de la Junta, ya que "en otras diez ocasiones siempre ha respaldado los acuerdos de la Junta". Sin embargo, esta vez el recurso presentado ante el Supremo dio la razón al Estado, argumentando que la actividad de Rover se realizaba desde Madrid porque carecía de instalaciones en el País Vasco. "Utiliza argumentos referidos a la regulación y funcionamiento del IVA y que en poco tienen que ver con lo acordado y pactado entre Administraciones en el Concierto", reiteró Aguirre, quien recordó que la Diputación alavesa es quien debe agotar las vías jurídicas "aún cuando las expectativas puedan ser escasas", y expresó su apoyo ya que "la posición del Gobierno está en la defensa del Concierto Económico y en los acuerdos que en él se recogen".

Incidente de nulidad La Diputación ha presentado un incidente de nulidad ante el Supremo, solicitando la suspensión cautelar de la ejecución. En caso de que sea rechazada, la entidad foral podría acudir al Constitucional entendiendo que el fallo del TS incurre en una vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución y una vulneración de la autonomía foral. Aguirre expresó su "sensación" de que la incidencia de nulidad "no irá especialmente lenta sino a un ritmo razonablemente rápido".