bilbao. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo cumplió ayer el guión trazado, confirmó la ilegalidad de las denominadas vacaciones fiscales vascas y apoyó la orden de la Comisión Europea que obliga a recuperar las ayudas concedidas a empresas vascas en la década de los noventa, durante la anterior crisis.

La justicia comunitaria apostó por la solución más simple, la menos espinosa, dar la razón a Bruselas desestimando las alegaciones del recurso de las diputaciones. Entre ellas, pruebas de que la Comisión tuvo conocimiento previo del programa de incentivos y no puso reparos. Pasaron varios años antes de que se declarasen ilegales.

Tras la sentencia que confirmó que las vacaciones fiscales eran ayudas de Estado y, por tanto, no se ajustaban a las normativas comunitarias, los ejecutivos forales presentaron el recurso desestimado ayer para que, al menos, las empresas que se acogieron al programa no tuvieran que devolver las ayudas a las arcas vascas. Esa batalla se ha perdido definitivamente, no caben más recursos. Por ello, el nuevo frente que se abre pasa por desactivar la petición de multa millonaria de Bruselas, que considera que solo se han recuperado una parte de las ayudas. Las diputaciones activarán dos líneas de trabajo.

La primera será judicial también en el Tribunal de Luxemburgo -el órgano que debe admitir o rechazar la petición de multa, cursada desde Competencia europea, en manos del socialista vasco Joaquín Almunia- donde intentará demostrar que las empresas ya han devuelto todo el dinero. La segunda línea tendrá un carácter más político y se centrará en convencer al Estado español y sobre todo a la propia Comisión Europea de que la sanción no tiene sentido una vez recuperadas las ayudas fiscales.

Son actuaciones paralelas basadas en el mismo argumento y que requieren de un fuerte impulso político, incluso diplomático, desde los más altos niveles institucionales del Estado ante la Administración comunitaria. Hay mucho trabajo por delante, porque ayer la portavoz de Almunia celebró la sentencia y pidió la recuperación de las ayudas.

Sin embargo, el lehendakari echó ayer, poco después de conocerse la sentencia, el primer jarro de agua fría sobre la estrategia. Pidió López a las diputaciones que tomen nota de las consecuencias que conllevan sus malas decisiones. Las acusó de "instrumentalizar" la normativa, como si hubieran legislado en beneficio propio, cuando lo que estaba en tela de juicio es un programa activado en plena crisis para promover la actividad económica.

Lejos de cerrar filas y trabajar con discrección a través de los lazos de partido que le unen tanto con el Gobierno de España como con Almunia, el lehendakari hizo suyas una por una las tesis de Bruselas. En esa línea se comprometió a "minimizar", junto a Madrid y las diputaciones, "el efecto de esta resolución adversa para las empresas vascas". En su reproche a la diputaciones, que tienen que hacer una "revisión crítica" de su actuación, López omitió que el PSE participaba en el Ejecutivo foral alavés que diseñó las vacaciones fiscales y que votó a favor también en Bizkaia y Gipuzkoa.

reacciones La visión del lehendakari, expresada en la asamblea de la patronal alavesa, contrastó con la del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, que destacó en el mismo foro que las ayudas se aprobaron con "buena fe y mejor intención".

El ministro destacó que cuando se tomaron estas decisiones "el País Vasco vivía una situación muy difícil". "Yo me cansé de explicar en aquellos años en Europa, que Euskadi tenía una situación especial, el empresariado vivía una situación difícil, y había que ayudar a las empresas", defendió poniendo en valor los incentivos, algo que no hizo López.

Confebask y las Cámaras de Comercio destacaron que el revés judicial no debería tener consecuencias para las empresas si, como sostienen las diputaciones y las propias compañías afectadas, las ayudas ya han sido reintegradas.