vitoria. "Vamos a ir a peor", avisó ayer el presidente de SEA, Juan José Azurmendi, al ser cuestionado sobre el calado que tendrá la reforma de la negociación colectiva que este viernes aprobará el Gobierno por decreto después de que CEOE y sindicatos dieran por rotas las negociaciones recientemente tras cuatro meses de reuniones. "La reforma será más próxima a las tesis de los sindicatos y eso generará sin ninguna duda un escenario de confusión, malo para los empresarios", añadió Azurmendi durante la presentación de la memorial anual de la patronal, que logró captar el pasado año, a pesar de la crisis, 49 nuevas empresas con un total de 728 trabajadores que elevan ya a 1.072 el número total de firmas asociadas.
El diagnóstico de SEA apenas sorprendió. Transitó en la misma línea que los planteamientos esgrimidos recientemente por CEOE y Confebask para lograr un marco laboral flexible, con modelos revisables y lógicos impulsados desde el diálogo y sin fórmulas herméticas que hipotequen el futuro de las empresas. Recetas "imprescindibles", sostuvo ayer la patronal alavesa, para garantizar la actividad y el empleo en las compañías del territorio.
Sin embargo, "poco o nada" cambiarán las cosas a partir del viernes
por cuanto existe en la órbita de la patronal una sensación generalizada de que el Ejecutivo central abordará una reforma del marco laboral "tibia" e "inútil" que no contentará a nadie. Algo parecido, compara un destacado miembro del Sindicato Empresarial Alavés, a la reforma laboral que Zapatero abordó hace un año, "que ni gustó a nadie ni sirvió para genenerar empleo, que era, en principio, el leit motiv de la misma".
Esta misma lectura es la que se espera vuelva a suceder ahora, un escenario de confrontación donde sin "acuerdos coherentes" entre empresas y trabajadores "será muy difícil que las empresas mantengan el rumbo", advirtió Azurmendi. Así y todo, en 2010 vieron la luz 1.736 empresas que emplearon en Álava a 5.000 trabajadores, "un ejemplo del compromiso empresarial que existe en esta provincia", sostuvo el responsable de la patronal.
Sin espíritu crítico Sin el menor atisbo de autocrítica alguna ante el fracaso negociador de Madrid y el más que previsible en Vitoria con el convenio del Metal, cargó SEA a continuación contra las centrales sindicales por no "haber sido capaces de adaptarse a los cambios actuales y defender sólo a los trabajadores en activo y no a la población desempleada cuando la prioridad debe ser crear empleo", argumentó Azurmendi. En opinión del presidente, la sociedad necesita unos sindicatos más constructivos y menos conservadores que no se escuden en huelgas generales como las del pasado año -"completamente inoportunas y carentes de sensibilidad"- para justificar sus carencias. "El marco laboral está obsoleto, es de hace treinta años, y hace falta abordar una reforma con valentía y que sea eficaz para superar el estancamiento que sufre en estos momentos la economía alavesa", insistió. Según los datos del último barómetro industrial, el retroceso económico es evidente. En sólo seis meses, advirtió Azurmendi, se ha perdido el 75% de lo recuperado en los anteriores diez, y las cifras de pedidos y facturación continúan experimentando caídas que van desde el 16% al 33%. Por todo ello, concluyó el presidente, "estamos muy necesitados de reformas para que se produzca un vuelco en el desempleo".
respuesta sindical Aunque no hubo una contestación expresa a las acusaciones de la patronal, tanto UGT como CCOO valoraron ayer como una "malísima noticia" la postura irresponsable de la CEOE por levantarse de la mesa prácticamente cuando se estaban ultimando los detalles del nuevo convenio colectivo. Así, desde UGT de Euskadi, que ayer celebró su IV Comité Nacional, se lamentó que la falta de un acuerdo deje ahora en manos del Gobierno una resolución que es competencia exclusiva de dos agentes como la empresa y los sindicatos. Además de criticar la intención de la patronal de querer sacar partido de la actual situación de crisis económica, el sindicato también denunció la intención de la patronal de "debilitar y desmantelar la negociación colectiva para que fuera el poder de decisión empresarial el que determinase las condiciones de trabajo".
En la resolución de su Congreso, la central también mostró su preocupación por la "paralización" que sufre la negociación colectiva en Euskadi. Según puso de manifiesto, en los dos últimos años una media del 24% de los convenios sectoriales en las tres provincias perdieron su vigencia -el 33% en Álava, el 26% en Guipúzcoa y el 13% en Bizkaia-, mientras que los datos del Consejo de Relaciones Laborales señalan que a fecha de 31 de abril unos 426.000 trabajadores vascos no tenían su convenio actualizado, el 71% del total.
