bruselas. La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a España para que aplique la norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar el capital de los bancos y mejorar la política de remuneración de los directivos bancarios. En la práctica, la amenaza implica una denuncia al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de la directiva citada si el Gobierno español no la asume en dos meses y ataja los "incentivos salariales perversos" de los directivos de las entidades.
Y es que el Ejecutivo europeo recuerda que el plazo para incorporar esta directiva a la legislación nacional expiraba el 1 de enero de 2011, pero España no ha aplicado todavía ninguna de sus disposiciones. El ultimátum de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el gabinete de Durao Barroso abrirá la vía judicial.
La directiva en cuestión tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto", destaca la Comisión.
"La actual crisis financiera prueba hasta qué punto es importante abordar esos dos aspectos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad. Si unas normas comunes no se observan en el mismo grado en toda la UE, ésto podría dar lugar a lagunas que podrían ser explotadas", criticaba el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
En materia de incentivos salariales perversos, la directiva exige a los bancos y sociedades de inversión que apliquen políticas de remuneración solventes. Los supervisores bancarios tienen además la facultad de sancionar a los bancos que no cumplan estos requisitos.