VITORIA. La Justicia Europea abre hoy otro proceso en relación a las denominadas vacaciones fiscales. Los abogados de las tres diputaciones defenderán ante el Tribunal de Luxemburgo los recursos que presentaron por separado contra la anulación de los incentivos y la consiguiente devolución de los mismos por parte de las empresas.

No será una sesión decisoria, pero las haciendas vascas dispondrán a partir de la vista de hoy algunos indicios del camino que seguirá la causa durante la deliberación, que puede alargarse durante más de año. La presidenta del Tribunal, la española Rosario Silva de Lapuerta, es una garantía de que el proceso no derivará en un nuevo cuestionamiento de la autonomía fiscal vasca. Además, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, defenderá también el punto de vista vasco, frente al criterio de La Rioja y de la propia Comisión. Son aspectos que refuerzan algunos de los argumentos que defenderán los tres territorios.

Durante la vista de hoy intervendrán los letrados de las diputaciones y de la comunidad riojana, así como el de Bruselas, junto a la abogacía del Estado. Bizkaia avanzó ayer en una nota de prensa los ejes principales de su defensa. A su juicio, existen "indicios concluyentes" de que la Comisión Europea entendió en 1994 que las vacaciones fiscales eran legales y de que en el año 2000 "cambio de opinión" y las consideró ayudas de Estado.

Tanto las empresas que se acogieron a los incentivos como las diputaciones que los aprobaron estaban convencidos de su legalidad y, por tanto, los beneficiarios no deben ser condenados a reintegrar el dinero.

La Diputación, que enviará a Luxemburgo una delegación liderada por el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, espera que "la fortaleza de sus argumentos jurídicos, compartidos por la Abogacía del Estado", permitan cerrar definitivamente el contencioso.

Por su parte, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, aseguró ayer que el Ejecutivo socialista, que acompañará a las diputaciones en la defensa de sus recursos, alegará que las empresas ya han devuelto más dinero que el que estima la Comisión Europea. La portavoz mezcló con el proceso judicial la multa que Bruselas ha impuesto al Reino de España por, en su opinión, no haber recuperado todas las ayudas. Ambas cuestiones transitan por carriles paralelos, si bien la Justicia puede desactivar los requerimientos del Ejecutivo Comunitario.