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BILBAO. La propuesta de Patxi López de negociar con Bruselas un acuerdo para minimizar el impacto de la multa de las vacaciones fiscales ha durado apenas un par de semanas en el carril político. Tras autoerigirse en medidador en la controversia a finales de noviembre, el lehendakari recordó el pasado viernes que había encomendado a su consejero de Economía, Carlos Aguirre, la búsqueda de una solución política que sorteara la vía judicial activada por la Comisión Europea. Según ha podido saber este periódico, se ha producido ya un primer contacto y el Ejecutivo comunitario no está abierto a tal posibilidad. Todo lo contrario, la puerta entreabierta que el Gobierno Vasco aseguraba tener a través de su comunicación directa con el eurocomisario de la Competencia, Joaquín Almunia, se ha cerrado sin dejar un resquicio a la negociación.
El camino planteado por López llevaba implícito el reconocimiento de los planteamientos de la UE, que considera que las diputaciones no han recuperado todas las ayudas concedidas a las empresas vascas en la década de los 90 a través de rebajas en el Impuesto de Sociedades durante diez años a cambio de inversiones. Bruselas consideró que esos incentivos eran ayudas de Estado, una figura que sólo se ajusta a la legalidad comunitaria si tiene luz verde del Ejecutivo europeo. El marcaje de Bruselas en esta cuestión se ha extendido posteriormente a los criterios de cálculo de las devoluciones. La Comisión pide más dinero, cerca de 588 millones de euros, y ha amenazado con un multa que podría superar los cincuenta millones. Las diputaciones sostienen que han cumplido con las exigencias de la UE y ni tan siquiera han recibido una comunicación oficial que arroje luz sobre las diferencias de criterio en la recuperación de las ayudas. Sin dar la espalda a una solución política, rechazan un acuerdo que suponga de facto una rendición, porque consideran que se han ceñido a la legalidad.
papel el estado En ese escenario, sólo la mediación política puede evitar que la causa vuelva a dilucidarse en los tribunales europeos. El lehendakari se comprometió a negociar un "acuerdo razonable" para todas las partes a finales del mes pasado pero ha fracasado.
En febrero tras celebrar Carlos Aguirre un encuentro en Bruselas con el Eurocomisario de la Competencia, Joaquín Almunia, el consejero de Economía llegó a decir que la reunión había sido positivo y que era posible dar "carpetazo" definitivo a a la cuestión. Ambas posilibidades se han diluido con gran facilidad. Se refuerza de este modo la percepción de que la Comisión Europea sólo aceptará cotejar sus criterios con los de las diputaciones si el Gobierno español presiona en esa dirección. Por ello es positivo la sintonía que detectaron ayer las diputaciones por parte del Estado tras reunirse con la abogada pública que les defenderá. Bruselas no ha presentado la denuncia y la vía política aún puede evitar la judicialización.
