madrid. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, garantizó ayer que el Gobierno "va a ser contundente en la depuración de responsabilidades" por el plante de los controladores, pero confirmó que "la ley no exige lo mismo" para los que "coaccionan" que para "los que eventualmente hayan sido coaccionados".
Así respondió Alonso al ser preguntado sobre la diferencia que podría establecerse entre los cabecillas de los controladores y los trabajadores de base a la hora de aplicar sanciones penales o administrativas por su actuación el pasado fin de semana. "La aplicación de la Justicia y de las leyes significa exigir a cada uno lo suyo y la ley no es la misma y no exige lo mismo a los que coaccionan que a los que eventualmente hayan sido coaccionados", explicó. A continuación apuntó que el Gobierno exigirá "a cada uno" su responsabilidad.
Alonso señaló que ya se verá en el momento procesal oportuno si a los controladores hay que juzgarles o no conforme al Código Penal Militar, una posibilidad cuestionada por IU, pero garantizó que, en el ámbito de sus competencias, el Gobierno "no se va a quedar parado y va a exigir todas las responsabilidades que tenga que exigir con toda contundencia" por este "paro salvaje".
El dirigente socialista incidió en la idea de que el Gobierno actuó "como debía, cuando debía y con una eficacia indiscutible" una percepción que, a su juicio, es compartida por los ciudadanos, y que espera sea también entendida por el Congreso en el marco del debate que el presidente Zapatero protagonizará mañana.
Así, pidió a los grupos parlamentarios que se centren "en lo importante" y permitan que el Congreso envíe un "mensaje político unitario y duro ante el intolerable e ilegítimo comportamiento" de los controladores, dejando claro que no se puede volver a repetir en el futuro un "chantaje" similar.
consecuencias del decreto El portavoz del Grupo Socialista se dirigió directamente al PP para reprocharle las "contradicciones" en las que, a su juicio, incurrieron desde que estalló la crisis aeroportuaria. Comentó expresamente unas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se preguntó si el Gobierno había calculado las consecuencias que podía tener la aprobación el viernes del decreto sobre las nuevas condiciones laborales de los controladores.
"¿Es consciente de lo que está diciendo? ¿Es que el Gobierno tiene que pedir permiso a lo controladores o tener algún tipo de recato por si se enfandan?", se preguntó Alonso, y él mismo dio la respuesta: "El Ejecutivo no tiene que pedir permiso a los controladores para hacer un decreto ley, faltaría más". Respecto a la posibilidad de que el estado de alarma se prorrogue más allá del periodo inicial de quince días en el que va a aplicarse, Alonso señaló que aún es pronto para aventurar si tendrá que pedirse autorización o no al Congreso para alargar esta situación.