BRUSELAS. "La posición del Gobierno es una posición abierta", aseguró el ministro al término de un encuentro con sus homólogos europeos.

Gómez explicó que el Ejecutivo español es partidario de desplazar la edad de jubilación efectiva, pero añadió que una manera de conseguirlo es "que la edad legal se vaya desplazando progresivamente en el tiempo".

"El Pacto de Toledo nunca ha esbozado medidas concretas", añadió el ministro que evito mencionar directamente la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

En su opinión, el Pacto podría limitarse a formular unas orientaciones generales apoyadas por un amplio consenso y luego pasar a discutir con sindicatos y empresarios.

"Es bueno tener un planteamiento flexible", sostuvo y se refirió a la posibilidad de establecer un sistema de jubilación en el que el empleado pueda elegir, con los diferentes costes correspondientes, la edad en la que quiere jubilarse.

No obstante, insistió Gómez, "es importante que no perdamos de vista el concepto fundamental: que las personas tienen que trabajar más tiempo en el futuro para poder sostener financieramente nuestro sistema de pensiones".

"Vivimos más tiempo. Si cada vez percibimos durante más tiempo una pensión pública es muy importante también que haya más ingresos públicos por parte de aquellos que se mantienen trabajando", agregó.

El ministro insistió en que la decisión, a la que se refirió como una medida poco agradecida en el terreno electoral, aún está en proceso de discusión con los distintos grupos parlamentarios, aunque confió en llegar a un acuerdo para el 28 de enero con vistas a poder pasar luego a negociar con sindicatos y empresas.

Ante sus colegas europeos, Gómez explicó que la reforma del sistema español se centra en aumentar la edad de jubilación, reducir las prejubilaciones y aumentar el periodo de cómputo para las pensiones (ahora los últimos quince años laborales).

En cuanto al modo de financiar el sistema de pensiones, Gómez defendió el sistema de reparto frente a los de capitalización.

"Buena parte de los sistemas públicos de pensiones europeos son sistemas de reparto", aseguró y añadió que aunque es bueno que "haya posibilidades de establecer sistemas de capitalización", el modelo español es otro.

El sistema de pensiones en España se basa en tres pilares: pensiones no contributivas con cargo a impuestos para todos aquellos que no hayan podido cotizar; un pilar público de reparto financiado con cotizaciones sociales, en el que la pensión se calcula sobre la base del esfuerzo individual y, por último, sistemas complementarios de pensiones.

"Esos tres pilares por sí mismos tienen que ser, lo han sido hasta ahora y lo seguirán siendo en un futuro, las bases sobre las que se asiente la financiación de renta de las personas mayores una vez que abandonen el mercado de trabajo", recalcó.

En su debate con los ministros europeos, Gómez reconoció que "la sostenibilidad y la adecuación (de las pensiones) son dos caras de la misma moneda" y afirmó que "los sistemas públicos de pensiones están actuando como uno de los estabilizadores automáticos más importantes para prevenir y resolver los grandes problemas que la crisis ha provocado".

"En algunos estados son precisamente los pensionistas los que menos han sufrido los efectos negativos de esta crisis", declaró.