bilbao. Otro de los temas que quedó ayer pendiente de resolver es la postura que adoptarán el Estado y las administraciones vascas en relación al expediente sancionador abierto por Bruselas por las denominadas vacaciones fiscales. Sin embargo, el Gobierno español, el Ejecutivo vasco y las tres diputaciones se comprometieron a trabajar de forma conjunta para defender los intereses de las empresas afectadas. La cuestión fue analizada en la Comisión Mixta del Concierto si bien no fue posible tomar ninguna decisión al respecto ante la falta de información. Bruselas todavía no ha enviado sus pretensiones al Reino de España, su interlocutor en estas cuestiones y el encargado último de pagar la multa, y no fue posible realizar un análisis común más allá de una declaración de intenciones: el Estado y la CAV van de la mano en este controvertido asunto.
Las diputaciones ya han anunciado su decisión de recurrir a los tribunales la previsible multa, lo que acarreará un litigo de uno o dos años, según sus previsiones. El impasse implica a su vez que si fracasa la vía judicial la sanción no será inmediata.
Todo parece indicar que habrá más información a lo largo de esta semana. Algunas fuentes señalan la posibilidad de que hoy mismo se conozcan definitivamente los detalles de la sanción, la cuantía de la previsible multa y qué empresas deben, a juicio de la Comisión Europea, devolver todavía parte las ayudas que recibieron en la década de los noventa a través de descuentos en el Impuesto de Sociedades. Mientras se despeja esa incógnita, fuentes forales vizcaínas mostraron ayer a este medio su "tranquilidad" y su convicción de que Bizkaia ya ha cumplido con las exigencias de Bruselas. Existe en cambio cierta preocupación en relación a dos grupos concretos de empresas -bodegas alavesas y siderúrgicas guipuzcoanas- que al parecer pueden ser los más afectados si se materializa la multa por parte de Bruselas.
