Vitoria. El polémico primer ministro británico, David Cameron, inmerso desde hace semanas en un programa de recortes sociales sin precedentes para atajar el déficit público del país, dio el pasado viernes una nueva vuelta de tuerca a esta histórica sangría centrándose en los parados. A partir de 2013, dijo, quienes rechacen una oferta de trabajo dejarán de recibir el seguro de desempleo. "Si puedes trabajar, vivir de las prestaciones de desempleo ya no será una opción", advirtió Cameron. El objetivo de la medida impulsada en el Reino Unido no persigue tanto el ahorro de dinero, que también, si no acabar con esa peligrosa tendencia de muchos británicos a vivir sin trabajar. El peligro de planteamientos tan extremistas como éste, que normalmente suelen contar con un gran respaldo popular -sólo hay que analizar los recientes debates surgidos en Euskadi en torno a la excesiva cartera de funcionarios o la existencia de los delegados sindicales- es que pueden hacer pagar las consecuencias a justos por pecadores.

renta de garantía de ingresos En este contexto, Euskadi presentó ayer el nuevo Servicio de Empleo Vasco, Lanbide, un nuevo modelo laboral que entrará en vigor el próximo 2 de enero y que pretende transformar las actuales políticas basadas en el subsidio en políticas de activación del empleo. Es decir, en promover "parados que trabajen para encontrar un empleo", advirtió ayer la consejera del ramo, Gemma Zabaleta, durante la presentación de este servicio, que sustituye al Inem.

Uno de los aspectos más cercanos a la filosofía british será el cumplimiento de una serie de condiciones para poder cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), un subsidio por desempleo que en Euskadi gestiona íntegramente Lanbide y que asciende a unos 640 euros al mes. Pues bien, si un solicitante de esta renta rechaza una oferta de empleo o un curso de formación de Lanbide sin alegar una "razón de peso", no percibirá la ayuda. Si en el Reino Unido cualquier parado podrá negarse hasta tres veces a aceptar un empleo, en Euskadi sólo hará falta un no para ser penalizado. En este sentido, Zabaleta recordó ayer que el Gobierno también tiene transferido el régimen sancionador, por lo que pondrá en conocimiento de la Administración central aquellos casos en los que un desempleado que cobre el paro rechace una oferta de empleo. "Aplicaremos la misma rotundidad en los expedientes de búsqueda de empleo", insistió. Por cierto, que quienes hasta ahora sellaban la cartilla del paro en las oficinas del Inem, deberán hacerlo ahora en una ventanilla especial dentro de las oficinas de Lanbide. Respecto a la RGI, cerca de 53.000 familias vascas la cobran actualmente. El 36% son pensionistas, y por tanto no entran en los procesos de activación laboral, y del restante 64% la mitad cobran esta ayuda como complemento a un trabajo que, normalmente, suele ser precario.

un servicio "a la carta" Lanbide va a tener un marcado carácter comarcal, más que provincial, para conocer las necesidades de empleo más cercanas y por ello se desplegará en 30 comarcas de la CAV: 11 en Gipuzkoa (Bajo Bidasoa, Tolosa, Alto y Bajo Deba, Alto y Bajo Urola...), siete en Álava (Valle de Aiala, Rioja Alavesa, Llanada, Montaña alavesa...) y 12 en Bizkaia (Txorierri, Gobela, Duranguesado, Encartaciones, Margen Izquierda...).

Las oficinas del Inem desaparecerán el próximo 2 de enero para dar paso a una nueva red que comenzará, en principio, con 30 oficinas pero que en dos años se prevé ampliar hasta las 44. Un total de 21 en Bizkaia (cinco en Bilbao), 14 en Gipuzkoa (tres en San Sebastián) y nueve en Álava (tres en Vitoria). Aunque en principio la previsión es que en Lanbide trabajen 575 personas procedentes del actual servicio vasco y el proveniente del servicio estatal transferido, el Gobierno estima que a medio plazo la plantilla podría llegar a los 750. Zabaleta recordó que el presupuesto del Servicio Vasco de Empleo será de 785 millones de euros, de los que, de forma bastante equilibrada, 325 millones se dirigirán a las prestaciones, la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, y otros 226 millones a las políticas activas. Otros 150 millones corresponderán a las bonificaciones a la contratación, una cantidad fijada en función del coeficiente del 6,24% de la cantidad destinada en el conjunto del Estado a esta función

70.000 empresas El primer ejercicio del Servicio Vasco de Empleo será de "ajuste" y servirá para engrasar un "modelo de largo alcance" que exigirá un cambio cultural extraordinario. Por de pronto, será necesario consolidar la maquinaria que propocionará la información últil sobre qué tipo de empleo o sector son los más demandados o qué tipo de profesionales están en el mercado. Más de 70.000 empresas vascas proporcionarán esta radiografía a corto plazo, a las que se irán uniendo los diferentes clusters, con una visión más de futuro, e incluso la universidad.