madrid. El PSOE logró ayer en el Congreso retirar la mayoría de las modificaciones introducidas en el Senado y que endurecían la reforma laboral, con lo que la medida ha sido aprobada definitivamente en los términos en los que salió de la Cámara Baja. El texto final de la reforma, uno de los temas más polémicos de la legislatura y que le ha costado al Gobierno su primera convocatoria de huelga general, para el 29 de septiembre, salió adelante manteniendo su esencia en cuanto a contratación y al despido al rechazar todas las enmiendas aportadas por el Senado a excepción de las del PSOE y una del BNG.
Las ligeras modificaciones introducidas ayer, junto al resto de cambios que sí siguen adelante, estarán en vigor en cuanto sena publicados en el BOE. El grueso de la reforma, sin embargo, ya está en vigor desde verano.
La reforma laboral que el Gobierno logró sacar adelante abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desemplados, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado. Así, la nueva ley respeta el texto pactado por socialistas y PNV que fue aprobado por el Congreso el 22 de junio y mantiene los puntos más controvertidos del texto inicial de la reforma que presentó el Gobierno en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos. Entonces Na Bai se opuso a la medida y UPN se abstuvo. En esa ocasión la reforma salió adelante con los 168 votos del PSOE, las 173 abstenciones de PP, PNV, CiU, CC, UPYD y Salvador (UPN) y los votos en contra de IU, ERC, BNG y Uxue Barkos (Na Bai).
De esta forma, el texto ratificado ayer incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos. También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.
Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.
Los socialistas consiguieron ayer tumbar todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos en el Senado, salvo las propias y una del BNG referida a las prestaciones de los contratos parciales, por la que los trabajadores podrán cobrar por horas y no por días. El PSOE tuvo que jugar en cada votación con los apoyos de distintos grupos de la oposición para sacar adelante sus propuestas y eliminar muchas de las enmiendas que había introducido el Senado en este proyecto de ley. No obstante, los 10 portavoces de las distintas formaciones políticas de la oposición que intervinieron en el debate coincidieron, unánimemente, en que esta reforma del mercado laboral "no es la que necesita España", no va a servir para crear empleo y, por tanto, tampoco ayudará a salir de la crisis económica.
Emilio Olabarria, diputado del PNV, fue el único que defendió la abstención, aunque señalando que la reforma no crea empleo ni resuelve los problemas estructurales que afectan a la competitividad, por lo que dudó de que gracias a ella se evite la "sangría" de destrucción de empleo.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió la reforma porque cree que es "equilibrada y ambiciosa" y da más seguridad a empresarios y trabajadores.
El Partido Popular acusó al Gobierno de no escuchar a los partidos políticos y auguró que la reforma no generará confianza, ni consumo, ni aumentará la producción ni el empleo.
Para CiU, se trata de una oportunidad perdida que no corrige la temporalidad, opinión compartida por el PNV, que considera que la reforma no resuelve los problemas estructurales que afectan a la competitividad. Más duros fueron los partidos de izquierda que animaron a secundar la huelga general del 29 para intentar que el Gobierno rectifique, en tanto que el Grupo Mixto calificó la nueva ley como "desaguisado" que va en contra de los derechos laborales.
