Barcelona. La marejada de la reforma laboral sigue su curso sin que el Gobierno central sea capaz de serenar las aguas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, volvió a manifestar ayer su rechazo a la propuesta del Gobierno socialista de reforma laboral, e indicó que si este texto no se modifica en su tramitación parlamentaria, será "un germen de conflictos ante los tribunales". De forma velada Rajoy, que el viernes mostró su voluntad de "diálogo", sentó las bases de su estrategia: sólo apoyará la reforma si se cambia un texto que deja fríos a los empresarios.
En un mitin en Barcelona para proclamar como candidatos a los cuatro cabezas de lista provinciales del PP para las elecciones catalanas, recalcó que la reforma laboral, "como cualquier otra ley, debe ser clara y entendible, y no estar sujeta a interpretaciones diversas".
Esto es lo que, afirmó, se da con el actual redactado, que obligará a muchos a ir a los tribunales, una situación que es "lo peor que le puede ocurrir a la economía española".
Crear empleo Insistió en que el Gobierno plantea mal la reforma laboral. Dijo que no debe concebirse como un instrumento para que no se destruya más empleo, como hace el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sino para crear puestos de trabajo. Así, Rajoy lamentó que en el texto aprobado por el Gobierno, no se diga nada sobre cuestiones como la negociación colectiva y la formación. Todo apunta a que Zapatero volverá a encontrar en CiU un salvavidas para aprobar la reforma. Su margen de maniobra es muy reducido y, aunque Rajoy muestre su disposición a hablar y negociar, el tono del discurso que mantiene la dirección popular señala todo lo contrario.
El propio vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, insistió ayer en que "no confía mucho" en que el Partido Popular vaya a apoyar la reforma laboral, tras lo que criticó que la formación conservadora ejerza una oposición "poco adecuada" para la situación económica del país.
En declaraciones a los medios tras la inauguración de la conexión de la A-75 entre Galicia y Portugal, Blanco recordó en cualquier caso que los populares "todavía no se han definido" en cuanto a la actitud que adoptará en la votación. En Gobierno español se mueve en esta cuestión en un terreno de complicados equilibrios. A su izquierda, los partidos y sindicatos presionan con la huelga general. La derecha no desvela su voto pero implícitamente deja entrever que quiere ir más allá. En ese juego, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, pidió ayer en Valladolid "compresión" a los sindicatos ante la reforma laboral por la situación económica actual aunque entendió su postura y la convocatoria de la huelga general.
Durante la celebración del Día de la Rosa, aseveró que "no ha sido posible" el acuerdo entre los sindicatos y la patronal por lo que "aún sin crisis, era necesario" hacer una reforma laboral, a pesar de que "históricamente ha tenido una connotación negativa".
Además, Chaves afirmó que "todos los partidos" de Europa, gobernando o en la oposición, apoyan este tipo de medidas mientras que "el único que no ha asumido esa responsabilidad es el PP español" que "no ha apoyado aunque sea críticamente". "El PP es una isla de demagogia en el seno de la UE", continuó.
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, apostó ayer por "popularizar" las razones de la huelga general que los sindicatos han convocado para el próximo 29 de septiembre para que no ocurra lo mismo que con la pasada huelga de funcionarios, en la que "no se obtuvieron los resultados esperados", por lo que aseguró que la coalición se convertirá en "piquete pacífico y pedagógico" para tratar de explicar a la población que el "decreto de la vergüenza" no va generar empleo.
