vitoria. El desenlace del caso Rojo podría quedar hoy cerrado de manera definitiva y permitir al presidente de la Caja Vital cumplir su mandato hasta 2012 o, por el contrario, continuar con su particular peregrinaje judicial que emprendió hace 18 meses tras la demanda que el PP le interpuso contra su reelección al considerarla ilegal. Todo dependerá de la decisión que esta mañana tomen los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Álava que deliberarán sobre el recurso que la entidad alavesa presentó el pasado 9 de diciembre.

Iñigo Elizburu, que ejercerá de presidente y ponente en la apelación, Jaime Tapia y Edmundo Rodríguez deberán aclarar si estiman o no el fallo emitido el 2 de diciembre del año pasado por Juan José Carbonero, magistrado-juez del juzgado de 1ª instancia, que, en síntesis, estimó parcialmente la demanda del PP y declaró "nula" la reelección de Rojo como presidente en las elecciones del 30 de marzo de 2008.

Lejos de acatar el fallo de Carbonero y entendiendo que le asiste la razón jurídica en base a un informe elaborado por el bufete Clifford Chance, Caja Vital presentó el citado recurso amparándose, entre otros, en la existencia de abundante jurisprudencia de casos ganados en última instancia en el Tribunal Supremo.

270.000 euros en la defensa En concreto, los servicios jurídicos de la Vital, representados por los letrados José Antonio Caínzos y Juan José Lavilla, insisten en el precedente del caso gemelo (22 de enero de 2001), en el que un presidente de Ibercaja que ganó el juicio en primera instancia y lo perdió después ante la Audiencia Provincial de Aragón, logró finalmente superar el proceso ante el Tribunal Supremo. A un espejo similar a éste se miran ahora con ahínco en la entidad alavesa, que lleva gastados en su defensa cerca de 270.000 euros desde que comenzara el proceso. La deliberación entre los tres magistrados se espera quede resuelta a lo largo de esta mañana, si bien su resultado final, la sentencia, no se conocerá hasta finales del mes de junio, según ha podido saber este periódico. La idea es que dado el cariz mediático de este caso, la resolución no se dilate en el tiempo más allá de lo necesario. Cabe recordar que aunque la ley marca al ponente un plazo de diez días para redactar las conclusiones y el fallo, pocas veces este plazo se cumple. En cualquier caso, dado que se trata de un caso "de corte muy jurídico e interpretativo en cuanto a las disposiciones transitorias", el resultado no sólo es una incógnita sino que está lleno de dudas.

¿es posible otro recurso? Una de las más notables surge en el caso de que la sentencia sea contraria a los intereses de Rojo. ¿Deberá abandonar la Caja entonces si el PP exige su ejecución? No está nada claro, opinan diversas fuentes judiciales consultadas por DNA. Tampoco queda claro si será posible interponer un último recurso -el de casación- ante el Tribunal Supremo tanto si el recurso se estima o no. Hay quien defiende que esta competencia es exclusiva del ponente del caso, en este ocasión el magistrado Elizburu, mientras que otros advierten que negándose éste a interponer esta figura jurídica ante el Supremo, la Caja podría presentar un "recurso de queja" y acudir directamente a la máxima instancia, que además de incrementar de manera notable la minuta de sus abogados, tampoco asegura el triunfo.