Una hace equipos de aire acondicionado y bombas de calor; la otra, mobiliario de oficina. Puede que dentro de unos meses ambas dejen de fabricar para siempre estos productos a consecuencia de la crisis o devoradas por el capitalismo feroz de las multinacionales que las gobiernan. Es la cruda realidad de Saunier Duval y Kemen, dos compañías de trayectoria dispar en Álava cuyo futuro tiene en vilo en estos momentos a más de 200 familias alavesas.

El peor de los diagnósticos se lo lleva Saunier, una corporación que pertenece a Vaillant Group -grupo líder en Europa en suministro de sistemas inteligentes para el confort doméstico con 9.300 empleados y una facturación anual de casi 1.800 millones de euros-, que el pasado 27 de mayo presentó ante el Gobierno Vasco un ERE de extinción para 80 de sus 118 trabajadores que aplicará de manera progresiva a lo largo de los próximos meses. De esta quema, de momento, parece que sólo se librarán los 38 empleados del departamento de I+D, que según el comité de empresa, continuarán realizando sus labores de repuestos y trading en la sede de Mendigorritxu. El resto serán despedidos antes de que concluya el año. La dirección de la compañía, siempre según la versión sindical, enmarca los despidos en un proceso de reorganización de la compañía para "simplificar y especializar su estructura productiva". Esta decisión, en principio, afectaría a varias plantas del grupo en Europa, entre ellas, la alavesa, que opera en el polígono de Jundiz desde 1997.

En estos 13 años de trayectoria, Saunier Duval ha logrado, entre otros, desarrollar la primera caldera mural mixta a gas, la caldera estanca, el calentador sin piloto, la caldera mural de condensación directa y otras muchas innovaciones tecnológicas encaminadas a mejorar los aspectos de economía, confort, seguridad y respeto al medio ambiente en este tipo de productos. Sin embargo todo esto forma parte ya del pasado. La plantilla, en un comunicado de seis puntos que remitió a los medios el pasado 22 de abril, denuncia, entre otros, la "falsedad" de la empresa de justificar el cierre de la planta de Vitoria por el fin de ciclo de las bombas de calor: "Simplemente han decidido desviar la producción a sus plantas de Francia y Alemania". En la misma nota, el comité se pregunta el porqué de la fuerte inversión realizada en los dos últimos años en nuevas líneas de producción y modificación de las actuales cuando se pretende detener la producción el próximo 31 de diciembre. Y concluye refiriéndose a los despidos: "Nos echan a 80 y mantienen la I+D y la zona de repuestos como una argucia para seguir recibiendo subvenciones públicas, pero el despido del resto no tardará mucho en llegar...". La versión empresarial, de momento y más allá de las notas oficiales, no ha podido ser constatada por este periódico, que ha tratado de ponerse varias veces en contacto con algún responsable, aunque sin éxito.

Kemen mobiliario

El segundo drama de esta historia se llama Kemen, una de las históricas en Álava que se dedica al diseño y fabricación de mobiliario para oficina. Fundada en 1962 por Javier Ortubay y con una plantilla que llegó a contar en su día con 350 trabajadores, pronto se convirtió en un líder dentro del sector gracias a revolucionarias líneas de producto como la Quorum, que en su día tuvo en cuenta la llegada al mercado laboral del ordenador y que ha pasado a la historia como el mueble más vendido en España.

Desde 1999, esta compañía con sede en Betoño pertenece a la multinacional norteamericana Haworth, líder mundial en el mismo sector con presencia en más de 120 países. A priori, esta alianza consolidada a Kemen como un gigante en el sector, pero nada más lejos de la realidad. El zarpazo de la crisis ha devuelto a esta firma, casi, a la Edad Media. Se acabaron los tiempos de bonanza. Según la dirección de Haworth, la caída de los pedidos (hasta un 55% respecto a hace tres años) han lastrado a la firma alavesa hasta una situación prácticamente insostenible, lo que ha provocado desde hace ya un tiempo un continuo goteo de medidas más o menos traumáticas para tratar de enderezar el rumbo.

En mayo de 2007 llegó el primer aviso: un recorte de 44 empleos (14 prejubilaciones y 30 bajas voluntarias), una reducción del salario (de entre 60 y 70 euros al mes) y un convenio a la baja hasta 2010 que congelaba la jornada en 1.710 horas anuales, limitaba los aumentos salariales por debajo del IPC e introducía una bolsa de horarios flexibles de 80 horas que ha obligado en este tiempo a la plantilla a trabajar los sábados.

concurso de acreedores Tres años después estas medidas, al parecer, parecen insuficientes. Y ha llegado el segundo mazazo. Kemen presentó el pasado 14 de mayo un concurso de acreedores ante la "falta de viabilidad" de la compañía. Sus 128 trabajadores, con más voluntad que éxito, protestaron días después en la sede del grupo en Madrid; por su parte, el pasado lunes acudió a Vitoria el director comercial del grupo para explicar en persona a sus colegas, clientes, proveedores y entidades financieras la crudeza de la situación. Y de paso para conocer a los tres administradores concursales que en estos momentos gestionan el día a día de la compañía y que a lo largo del próximo mes deberán elaborar un informe que clarificará el futuro de la empresa. Desde el comité de empresa de la compañía no se descarta ninguna opción, por dramática que sea.

Sin embargo, detrás de esta crítica y angustiosa situación se esconde otra realidad, un escenario especulativo que centrales como LAB han denunciado públicamente. A juicio de este sindicato, no existen "verdaderas razones económicas" que justifiquen el concurso. "Sólo tienen deudas de 600.000 euros", argumenta, "de ahí que sus intenciones son verdaderamente otras". Para LAB, el grupo Haworth quería hacerse desde un principio con "la red comercial y el mercado español de Kemen" para poder introducir después su propio producto y quedarse con todo el mercado. Y por otro lado advierte de una posible "operación especulativa" con los "jugosos" terrenos que ocupa la fábrica - se ubican frente al Buesa Arena- que ha llevado a la empresa a realizar "labores de medición de la finca", aseguran en LAB como base de esta teoría. Sea como fuere, la dirección asegura haber realizado durante los últimos años numerosos esfuerzos, aunque "infructuosos", para intentar salvar la planta vitoriana. Y ni siquiera la "importante aportación financiera del accionista ha logrado evitar este final", concluye.