madrid. El Gobierno ampliará los incentivos fiscales a las empresas en el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes como resultado de la negociación con los grupos parlamentarios para los conocidos como Acuerdos de Zurbano, que determina también que antes del 15 de junio el ICO empezará a conceder préstamos directos a pequeñas y medianas empresas, con un importe máximo de 200.000 euros y asumiendo el 100% del riesgo.
En esta línea, el Gobierno según aseguró ayer la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, prorrogará a los ejercicios 2011 y 2012 el mecanismo de libertad de amortización tributaria, aprobado en 2008, siempre que se mantenga el empleo, y flexibilizará los requisitos de las pymes para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.
El documento contiene un total de 55 medidas, de las que no todas se incorporarán al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, si bien el Gobierno se compromete a impulsar la "rápida tramitación parlamentaria de todas las que sean objeto de iniciativas legislativas.
El Gobierno simplificará las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas "fundamentalmente interiores" en el caso de las pymes, si bien deja claro que esta medida no afectará a las operaciones con paraísos fiscales.
Asimismo, las inmobiliarias podrán prolongar a 2010 la regla "transitoria" aprobada en 2008 sobre el cómputo de pérdidas en los "supuestos de reducción obligatoria de capital social en las empresas", de forma que no tengan que declararse en quiebra cuando sus pérdidas superen el 50% de su capital social.
Por otro lado, mejorará los incentivos fiscales a la rehabilitación permitiendo que las deducciones en el IRPF alcancen rentas de hasta 39.407 euros anuales, en lugar de los 33.007 euros a los que se restringían en la propuesta inicial, si bien sólo estos últimos percibirán íntegra la deducción del 10% en el IRPF.
Aunque el documento del Gobierno no lo especifica, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el diputado de ICV, Joan Herrera, contempla elevar el límite mínimo de los embargos hasta los 696,6 euros, un 10% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cantidad a la que se sumará un 20% adicional por cada familiar a cargo.
El Gobierno también aplicará el tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomías.
