GASTEIZ. Los ayuntamientos vascos han presentado ya 855 peticiones de nuevos empleos al Gobierno Vasco, dentro del programa para la creación de 7.000 puestos de trabajo en los municipios vascos, para el que el plan "+Euskadi 09" ha reservado 63 millones de pesetas.

Este programa para la formalización de 7.000 puestos de trabajo dependientes de los consistorios vascos se acordó en al marco de la mesa de diálogo social, en la que están presentes el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

El Departamento de Empleo abrió la convocatoria para que los ayuntamientos presentasen sus propuestas a finales del pasado año y, desde entonces las entidades locales han solicitado la formalización de un total de 855 contratos, según asegura la consejera del área, Gemma Zabaleta, en una respuesta parlamentaria a Aralar a la que ha tenido acceso EFE.

Algunos de los 855 contratos demandados ya cuentan con el visto bueno del Departamento, es decir, con la subvención correspondiente del Gobierno Vasco, que no puede superar, en ningún caso, los 1.500 euros al mes por cada nómina.

Las 855 peticiones registradas hasta ayer han partido de 54 entidades, de las cuales, 20 son ayuntamientos, y el resto otros organismos como empresas de inserción.

Entre los consistorios que ya han enviado sus peticiones al Departamento dirigido por Gemma Zabaleta destaca el de Donostia, con un total de 302. También lo han hecho los alaveses de Laguardia y Urkabustaiz, o el vizcaíno de Sestao, entre otros.

Zabaleta destaca en la respuesta parlamentaria que, en su mayoría, las solicitudes van dirigidas a cubrir puestos para el mantenimiento y la recuperación del entorno rural y urbano, la promoción de la cultura, la educación y la salud, para actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre, y el deporte, o con las nuevas tecnologías.

Las contrataciones no podrán cubrir las actividades consideradas "normales" dentro de los ayuntamientos, ni suponer la sustitución del personal al servicios de tareas habituales de la entidad que oferta el empleo.

Además, deben realizarse a tiempo completo y por un periodo máximo de seis meses. Al menos el 30% de los destinatarios deben ser preceptores de la renta de garantía de ingresos. También accederán a estos empleos personas que han perdido su puesto de trabajo y no perciben prestaciones contributivas por desempleo.

La convocatoria no está cerrada, y los consistorios pueden seguir enviando a lo largo del año sus solicitudes.