Madrid. El Pleno del Congreso aprobó ayer la llamada Ley Ómnibus, que modifica 47 leyes estatales de sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad y que pretende liberalizar el sector servicios. La ley afectará al sector del taxi, tras no apoyar el PSOE y abstenerse el PNV y el BNG el texto aprobado en el Senado en el que se recogía que no estuviera incluido en la norma.

Por eso, antes de su aprobación en la Cámara Baja, miles de profesionales se manifestaron ayer por considerar que liberalizará el sector con un sistema paralelo "como el que hay en África y Sudamérica" y dificultará un servicio "de calidad como el europeo". Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, afirmó tras la votación que varias patronales del taxi están de acuerdo con esta ley. A su juicio, no es cierto que los taxistas estén bastante descontentos y que lo que ha habido es un malentendido en su contenido.

También el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que existe "cierta confusión", pues el artículo 21 de la cuestionada norma "no entra a modificar el régimen actual de concesión de las licencias de taxis". Corbacho subrayó que la ley, en su proyecto inicial, sí contemplaba "algún elemento que tenía que ver con temas interprovinciales, pero nunca en el tema urbano".

Bajo el lema No al artículo 21 de la Ley Omnibus, los manifestantes iniciaron ayer su marcha de protesta en Madrid donde crearon un auténtico caos circulatorio. El momento más tenso se produjo cuando los manifestantes se enfrentaron a los agentes de la policía municipal que trataban de controlar el tráfico y golpeaban los vehículos de compañeros que estaban trabajando. Algunos taxistas indicaron su intención de continuar con el paro si el Congreso de los Diputados aprobaba ayer el artículo 21 de la citada ley de liberalización de servicios, como sucedió.

La Ley Ómnibus tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España. La nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales y eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas, y suprimirá 111 requisitos.