Rojo convoca un "consejo de crisis" para reforzar su respuesta al varapalo judicial

En este escenario de gran crisis, inédito hasta ahora en la trayectoria de la entidad alavesa, Caja Vital celebró ayer por la mañana su tradicional comité ejecutivo de todos los jueves donde se decidió por mayoría convocar para hoy viernes un consejo de administración extraordinario, un consejo de crisis con un único punto en el orden del día: ratificar la decisión de la Caja de recurrir la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 1 ante la Audiencia Provincial. Cabe recordar que la parte demandada en este caso dispone de cinco días hábiles para hacerlo a partir de la notificación oficial. Ésta se produjo el pasado miércoles, de modo que los servicios jurídicos de la Caja tienen de plazo hasta el próximo miércoles, día 9, para hacerlo.

A la reunión de hoy están llamados los 16 miembros del consejo de administración de la Vital, compuesto por seis representantes del PNV, cinco del PP, cuatro del PSE, uno de Aralar y otro más en representación de los trabajadores. Se espera que la propuesta de presentación del recurso sea ratificada con la excepción de los votos del PP.

Precisamente la formación popular, agente activo en todo este proceso al ser la parte demandante en el juicio, fue ayer especialmente dura y beligerante con los protagonistas afectados por la sentencia, el PSE y el PNV. A media mañana, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, anunció la intención de su partido de solicitar una reunión extraordinaria del consejo de administración de la Caja -cosa que no hacía falta al haber sido convocada ya para entonces- con el fin de reclamar la repetición de la Asamblea General. En este punto lanzó el primer dardo del día contra los dirigentes del Partido Socialista en Álava: "Son un obstáculo para las relaciones entre PSE y PP en Euskadi", dijo.

Reacción ante el recurso El dirigente alavés, que estuvo acompañado por el secretario general en Álava, Javier de Andrés, y sus homólogos en Gipuzkoa y Bizkaia, Ramón Gómez y Esther Martínez, respectivamente, solicitó la repetición del proceso asambleario de la entidad e invitó a Gregorio Rojo e Iñaki Gerenabarrena, presidente y vicepresidente de la Caja, respectivamente, a quedarse "en su casa", al ocupar dos puestos "a los que no tienen derecho".

A continuación, Oyarzábal continuó activando su batería de torpedos hacia la línea de flotación de Rojo, especialmente ante su anuncio de de presentar recurso ante la resolución del magistrado-juez del caso, Juan José Carbonero. "Tendrán que explicar por qué quieren recurrir, seguramente porque les trae sin cuidado lo que digan los tribunales. Quieren alargar el proceso, alargar el procedimiento y a ver si aguantan uno o dos años más para terminar la legislatura y seguir en esos puestos de dirección", denunció. Oyarzábal advirtió además que quienes apuestan por presentar un recurso "tendrán que explicar cuántos recursos de la Caja se están dedicando a sostener esa teoría de que todo lo que hicieron es legal, porque para mantenerse en las poltronas de la Vital están utilizando el dinero de los impositores, pagando abogados para que retrasen los fallos judiciales".

Fines partidistas El dirigente popular consideró que los líderes del PSE y el PNV en Álava -que controlan diez de los 15 puestos del consejo- deben asumir las responsabilidades de quienes, "a sabiendas de que estaban cometiendo una ilegalidad, decidieron utilizar una institución de todos para excluir al PP y colocarse al frente de una entidad para hacer política partidista". "Por dignidad", continuó, "hay unas cuantas personas que tendrían que abandonar la institución cuanto antes; lo mínimo que se puede exigir después de la sentencia es que quienes tienen responsabilidades las asuman con cierta dignidad y repitan ese proceso de manera legal".

De todas formas, Oyarzábal precisó que en opinión del PP "la cuestión no es pedir dimisiones", sino "que se cumpla la sentencia, que se repita la Asamblea y que los señores que están ocupando puestos sin tener derecho se queden en su casa". Especialmente ácido se mostró con Txarli Prieto e Iñaki Gerenabarrena, éste último también vicepresidente de Caja Vital. "Están dañando a la principal institución financiera de Álava", por lo que les exigió que " rectifiquen".

"Líos en el PSE" Respecto a la propuesta de su partido ante las decisiones que podrían tomarse en la Caja tras la sentencia, recordó que "el juez ha anulado la Asamblea", por lo que "se trata de revisar la situación y exigir que las candidaturas que se presenten sean legales, no ilegales, como las que se presentaron en aquel momento". En opinión de Oyarzábal, "lo que no tiene sentido es que se mantenga una situación de interinidad e inestabilidad sobre unos cargos que están en la picota". "No sólo se está cuestionando la presidencia de Rojo, sino también la vicepresidencia y varios miembros del Consejo que iban en la misma candidatura", añadió. Oyarzábal aseguró que fue el PSE quien propuso a su partido lograr un acuerdo que propiciara la retirada de la demanda contra la elección de Rojo. Y según confirmó, el PP estuvo abierto a reconducir la situación, sin embargo, dicho pacto finalmente no se cerró debido, según su versión, "a los líos internos en el PSE alavés, que lo bloquearon todo".

Cascada de reacciones El discurso popular tuvo pronta respuesta tanto de los representantes socialistas como del propio PNV. Y como era de esperar en situaciones de alta tensión como ésta, hubo cierre de filas, además de un mensaje unánime de respaldo a la Caja. Uno de los primeros en dar el paso fue el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, que reconoció en un primer momento "la mala noticia" y lamentó "haber llegado a esta situación", aunque defendió después que "no tenemos dudas" sobre la legalidad de Rojo como presidente de la Caja e insistió en que ésta tiene "suficientes informes jurídicos que avalan esta situación".

Para el secretario general del PSE alavés, Txarli Prieto, desde hace días en el epicentro del terremoto político al haber sido acusado en diversos foros de vetar el posible acuerdo entre el PP y la Vital que podría haber evitado los tribunales, la resolución de la sentencia le pilló por sorpresa. "Es una sentencia que lógicamente no esperaba porque siempre hemos actuado con el pleno convencimiento de que lo estábamos haciendo bien y seguimos creyendo en esa disposición", dijo. A continuación, se adhirió al discurso oficial. "Apoyamos el recurso y estamos convencidos de que la razón jurídica terminará siendo favorable a la decisión que tomamos en la Asamblea", sostuvo.

La tercera pata de este alambicado puzzle, el PNV, tampoco se movió un ápice de la línea oficial. "Una sentencia no es firme mientras haya capacidad de recurso", explicó Iñaki Gerenabarrena, presidente del ABB, que justificó el recurso anunciado como una medida necesaria para evitar el colapso de la Caja. "La sentencia nos deja en una situación, como mínimo, extraña porque, prácticamente, de no recurrirse el auto, medio consejo de administración y media comisión ejecutiva quedarían fuera de los órganos de dirección y eso sí que sería un verdadero problema", concluyó.