Nuevo golpe de Javier Tebas a la piratería: un juzgado avala medidas para bloquear VPN utilizadas en la difusión ilícita de partidos

Hace apenas un mes se conocía la noticia de que LaLiga iba a premiar con cincuenta euros a los/las que denunciasen la emisión ilegal a los establecimientos del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías/Catering). La iniciativa no fue muy bien recibida. Recurrir a la gente de a pie para señalar a dedo ciertos locales que por una u otra razón no emitan de forma legal el fútbol, no es una medida muy popular.

No obstante, desde la patronal defendían que el procedimiento era “confidencial, seguro y plenamente ajustado a la legalidad”, y recordaron que solo se recompensa a quienes aporten pruebas que, tras revisión técnica, confirmen la infracción.

Esta vez, Javier Tebas ha ido un paso más allá en su lucha y ha conseguido amparo judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha estimado las medidas cautelares solicitadas por LaLiga y Telefónica para obligar a determinados servicios de VPN a bloquear direcciones IP vinculadas a la difusión ilegal de contenidos audiovisuales protegidos. Entre las compañías afectadas se encuentran NordVPN y ProtonVPN, cuyos servicios eran utilizados para eludir restricciones geográficas y acceder a emisiones no autorizadas desde España.

No cabe duda de que esta resolución judicial es un espaldarazo a la persecución de la emisión de contenidos ilegales que el campeonato español lleva años llevando a cabo. En otros términos, ya no se trata únicamente de perseguir al bar que conecta una señal ilícita, sino de cortar las vías digitales que permiten que esa señal exista. El auto reconoce que estos intermediarios tecnológicos pueden verse obligados a colaborar cuando sus infraestructuras facilitan vulneraciones de derechos de propiedad intelectual.

Desde la organización que preside Tebas sostienen que la piratería no solo afecta a las grandes operadoras o a los clubes más poderosos, sino también a los pequeños negocios que sí pagan por una licencia oficial para emitir los partidos. En ese sentido, la medida de los 50 euros y el reciente respaldo judicial forman parte de una misma hoja de ruta: combinar presión legal, herramientas tecnológicas y colaboración ciudadana.

Este parecer no es nada nuevo en el campeonato español, no es la primera vez que se explora la vía judicial para erradicar este hecho. En los últimos años han impulsado múltiples procedimientos civiles y penales contra establecimientos del sector HORECA que emitían encuentros sin autorización. Según datos aportados por la propia entidad en ejercicios anteriores, miles de locales han sido investigados y centenares han terminado con sentencias condenatorias o acuerdos extrajudiciales.

Sin embargo, Proton VPN, uno de los protagonistas en esta historia, ha asegurado mediante su cuenta en 'X' que han tenido conocimiento de los supuestos procedimientos judiciales a través de informaciones publicadas recientemente y que, hasta la fecha, no han recibido ninguna notificación formal sobre medidas o resoluciones que les afecten. La compañía también ha añadido que cualquier orden dictada sin notificar previamente a las partes implicadas y sin ofrecerles la posibilidad de ser escuchadas vulneraría principios básicos del debido proceso y sería, a su juicio, “procesalmente inválida”.

Las cifras de este tipo de prácticas en el Estado español son abrumadoras. En el caso del fútbol, informes especializados señalan que la piratería de eventos deportivos a nivel estatal supera en un 25 % la media de la Unión Europea, con estimaciones de que entre el 59 % y uno de cada tres españoles consume contenido pirata al menos una vez al mes, generando pérdidas de 600 a 700 millones de euros al año solo para los clubes de LaLiga.

La privacidad en el aire

Muchos usuarios y usuarias ya se quejaban permanentemente de que en días de partidos las páginas web no les funcionaban con normalidad. Esta es, sin duda alguna, una medida que mantendrá y acrecentará esos fallos.

Aquí ya no se discute solo una estrategia contra la piratería, sino el alcance que tienen estas medidas tecnológicas y su impacto sobre la privacidad digital. Las VPN no son, en sí mismas, herramientas ilícitas: millones de usuarios las emplean para proteger su conexión en redes públicas, evitar ciberataques o, mismamente, proteger datos sensibles. Equipararlas de facto a instrumentos de fraude es un grave error de concepto.

El problema no es perseguir direcciones concretas vinculadas a actividades ilegales —algo que puede resultar legítimo—, sino el precedente que se sienta cuando se obliga a intermediarios tecnológicos a aplicar bloqueos que pueden afectar a infraestructuras compartidas. En entornos de red complejos, una misma IP puede alojar múltiples servicios, algunos perfectamente legales.

Llevándolo a un entorno más cercano y por hacer un símil, sería como si los supermercados prohibieran la venta de cuchillos porque uno de sus usos podría ser herir a otras personas, obviando todos los demás que se les podrían dar.

En este escenario, todo hace indicar que el fútbol español está ante una nueva medida desproporcionada por parte de la presidencia de LaLiga con el fin de atajar un problema que tendría una fácil solución, aunque probablemente menos rentable para sus propios intereses.