Madrid - Las relaciones de Quique Pina, exconsejero delegado del Cádiz, actualmente en prisión por riesgo de fuga dentro de toda la investigación por la trama de blanqueo de dinero por el desvío del dinero de fichajes, están siendo seguidas de forma detallada.
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata incluye en la trama a Juan Carlos Cordero Sánchez, actual director deportivo del Cádiz CF, ante las “numerosas conversaciones” grabadas entre este y Pina que acreditan el conocimiento que tenía de las irregularidades arriba descritas en los fichajes de jugadores.
En concreto Pina y Cordero, exdirector deportivo del Granada, barajaron la posibilidad de adquirir facturas de materiales de construcción con el fin de pagar menos cantidades del impuesto del IVA por el Club de Fútbol Lorca Deportiva (del que era socio junto con Pina) y de simular préstamos personales de ellos frente al club para justificar los reintegros de dinero provenientes del traspaso de jugadores y burlar el control financiero de la Liga.
El juez señala también al exvicepresidente económico del Granada, Juan Bautista, como actual socio de Pina, de acuerdo con las conversaciones telefónicas intervenidas que ponen de manifiesto cómo ambos tratan sobre facturas emitidas desde la empresa pantalla Calambur sobre el traspaso de varios jugadores entre los clubes implicados en la trama.
El magistrado también incluye en la presunta red de corrupción a Jordi Trilles, exmiembro del Consejo de Administración del Granada CF, en calidad de administrador de varias sociedades vinculadas a Pozzo.
De la Mata acusa al Granada Club de Fútbol de formar un “triángulo mercantil” junto con el inglés Watford Football Club y el italiano Udinese Calcio desde el cual se ocultó al fisco los fondos provenientes de la venta de jugadores y los desviaron a un paraíso fiscal en Luxemburgo.
A Pina, que se le detuvo en la ciudad murciana de Molina del Segura, se le investiga por presunto blanqueo, insolvencia punible y por delito contra la Hacienda Pública, unos delitos que para el magistrado son lo suficientemente graves como para dejarle en prisión. - Efe
