BARCELONA. Arantxa Sánchez Vicario ha comparecido en calidad de testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, que investiga la querella que en noviembre de 2012 presentó contra su padre, su hermano Emilio, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula Oro.
La deportista ha ratificado ante la juez el contenido de la querella, en la que sostiene que su familia se fue apoderando de los ingresos que obtenía como tenista hasta el punto de dejarla "arruinada", aprovechando la confianza que ella tenía depositada en su padre y en el abogado Bonaventura Castellanos.
La ratificación de la querella es una de las primeras diligencias acordadas que el juzgado ha acordado antes de citar a declarar como imputados a los gestores de la fortuna de la tenista, por los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, deslealtad profesional y falsedad, como ordenó la Audiencia de Barcelona.
La querella de Arantxa Sánchez Vicario, redactada por el abogado Xavier Melero, fue presentada el 13 de noviembre de 2012, pero el juzgado de instrucción la archivó al entender que no se desprendían indicios de criminalidad de la misma.
A raíz del recurso de los abogados de la tenista, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la investigación y tomar declaración como imputados al padre, al hermano, al abogado y al economista por la gestión de la fortuna.
En su querella, Arantxa Sánchez Vicario sostiene que ejerció de tenista profesional desde que tenía 14 años y hasta los JJOO de Atenas de 2004, y durante ese periodo su padre y el abogado Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella.
Según la querella, la finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".
La querellante sostiene que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF.
Esta multa provocó una pérdida de confianza y la extenista asegura que encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero, de la que ella era la accionista mayoritaria.
Arantxa Sánchez afirma que esta auditoría reveló la existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros, por lo que decidió revocar los poderes notariales y les requirió que aportasen la documentación para justificar aquellos gastos.
