la juez emite el veredicto y determina si acepta la petición de entregar las bolsas de sangre
Madrid. El juicio de la Operación Puerto conoce hoy su sentencia, que debe determinar si los cinco acusados cometieron un delito contra la salud pública y si la juez accede a entregar a las autoridades antidopaje las bolsas de sangre requisadas en el proceso, como piden la mayoría de las acusaciones.
Casi siete años después de los hechos y tres meses después del inicio del juicio oral, el doctor Eufemiano Fuentes, su hermana Yolanda, también médico, los exdirectores deportivos Manolo Saiz y Vicente Belda y el preparador físico José Ignacio Labarta esperan un veredicto absolutorio.
Las acusaciones, por contra, aguardan una condena. Piden dos años y medio de prisión con inhabilitación y esperan además una sentencia ejemplar, que limpie de sospechas el deporte español, pese a que lo que se juzga no es un delito de dopaje, ya que los hechos son anteriores a la ley que lo castiga y que entró en vigor después de los mismos, en 2007.
La juez, que ha escuchado a Eufemiano Fuentes, el principal acusado, admitir que realizaba autotransfusiones de sangre a deportistas para mejorar su rendimiento y a algunos ciclistas narrar efectos secundarios después de recibir sus tratamientos, tiene la difícil tarea de catalogar como delito o no esas prácticas.
Para hacerlo, debe pronunciarse sobre si la sangre puede considerarse medicamento. Las defensas se agarran a que la ley española del medicamento no la define como tal, pero las acusaciones piden a la magistrada que no se atenga a la literalidad de la norma. La cuestión es clave porque el delito contra la salud pública previsto en el artículo 361 del Código Penal, por el que se juzga a los acusados, habla de "los que expendan o despachen medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia (...), y con ello pongan en peligro la vida o la salud de las personas".
Además de esto, la mayoría de las acusaciones esperan que la juez entregue a las autoridades antidopaje las bolsas de sangre. Su petición pretende que puedan contrastarse con otras muestras genéticas en poder de los organismos responsables de la lucha contra el dopaje e iniciar, en su caso, procedimientos sancionadores contra los deportistas.
La juez tiene por tanto que decidir si esto puede constituir una intromisión en la intimidad de las personas cuyas bolsas de sangre están identificadas por códigos, cifras o apodos, que algunos ciclistas como el alemán Jorg Jaksche (Bella) y el italiano Ivan Basso (Birillo) admitieron que eran suyos. El único ciclista español identificado y sancionado por esto fue Alejandro Valverde.
Así, el proceso llega a su punto final inmerso en la misma dualidad con la que empezó: juzgar una trama de dopaje por primera vez en España sin poder aplicar la ley que lo castiga, mientras el país tramita por urgencia una nueva ley.
