Madrid. Habrá Liga este fin de semana. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid decidió ayer adoptar la medida cautelar pedida por los clubes Athletic, Real Sociedad, Zaragoza, Espanyol, Sevilla y Villarreal y suspender la eficacia del acuerdo de la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de parar la competición el próximo fin de semana.
Un día después de celebrar una vista con las partes, la juez Purificación Pujol comunicó por la mañana su decisión y señaló que "debe permanecer inalterado el calendario oficial de la Liga en Primera y Segunda Divisiones para la próxima Jornada", por lo que la patronal no podrá lleva a cabo el parón.
"Entiende esta juzgadora que lo que acarrearía numerosos perjuicios sobre todo a terceros ajenos al presente proceso, sería la desestimación de la medida solicitada y la consiguiente suspensión y alteración del calendario oficial de la Liga establecido desde junio de 2010", indica el auto judicial.
La juez justificó la adopción de la medida cautelar ya que con ella no se cambia una situación jurídica estable, concreta y pacífica, aceptada por todos como es la existencia de un calendario oficial aprobado el 19 de julio de 2010 por el presidente de la Federación Española de Fútbol, "no siendo un hecho controvertido".
"Se pretende ahora que dicha situación sea bruscamente alterada por el acuerdo que adopta la Asamblea de la Liga" añade el texto en el que la magistrada afirma que "nuestra jurisprudencia exigiría la máxima cautela para acordar la desestimación de la medida (cautelar), pues las consecuencias de esa desestimación constituirían un cambio drástico y repentino que provocaría una alteración en calendario pacíficamente establecido".
La juez también justifica la adopción de la medida cautelar para "impedir un daño efectivo en el derecho protegido (Calendario Oficial de la Liga) y que ha generado unas expectativas de derechos implícitos por el cumplimiento propio de dicho calendario" ante el posible retraso de la resolución definitiva de la demanda.
La decisión de la juez, frente a la que cabe recurso de apelación, también cifra que la caución que tendrán que prestar los demandantes es de tres mil euros frente al millón de euros que solicitaba la parte demandada, "que no fundamenta su petición".
EL PARTIDO EN ABIERTO Una vez conocida la sentencia, la Liga de Fútbol Profesional aseguró que "acata" la resolución, aunque reitera que seguirá con sus reivindicaciones. Por eso, a través de un comunicado, señalaron que, "a pesar de las discrepancias internas que en el seno de la LFP han existido respecto a las medidas adoptadas en la Asamblea de, 11 de febrero de este año, todos los clubes y SADs que componen la Liga mantienen las reivindicaciones expresadas al Gobierno y al Consejo Superior de Deportes".
De esta forma, recalcan que "pese a la actitud no dialogante de la Administración", a partir de ahora "se establecerá una nueva hoja de ruta" para intentar "desbloquear las conversaciones en la búsqueda de soluciones a los diferentes agravios comparativos que sufre el fútbol profesional respecto a otros sectores de la economía española".
Entre las reivindicaciones que tiene la LFP está el fin de la obligación de televisar un partido en abierto y el dinero que el fútbol percibe de la quiniela, junto al que recibirá de las apuestas on-line. La Liga persigue desde hace años acabar con el mandato del partido en abierto, con el que convive desde 1997 por la llamada "ley Cascos", ya que entiende que se trata de "una expropiación sin contraprestación de sus derechos" con la que dejan de ingresar 150 millones de euros al año.
Al respecto, el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, lamentó que no hubiera habido "voluntad" por parte del Gobierno para atender sus reivindicaciones.