laro que sí. Había que recurrir. Se entendía que el Gobierno Vasco no quisiera contribuir a embarrar más el campo ni dar la impresión de que sostiene una batalla sin cuartel contra las instancias judiciales locales. Pero esta vez no cabía volver a poner la otra mejilla. Simple y llanamente porque la doctrina del karaoke para tumbar la implantación del pasaporte covid es una burla impresa con membrete oficial. Un auto, el de la magistrada Irene Rodríguez del Nozal y el magistrado José Antonio González Sáez, casi literalmente de los de "Sujétame el cubata". Y de un papismo cuatro traineras más allá que el del papa. La prueba es que los sectores más afectados por la restricción —ocio nocturno y restauración— no le encuentran grandes pegas a solicitar el certificado de vacunación. Solo piden, creo también que razonablemente, que la medida se extienda a otras actividades homologables.
Así que la pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo español. Con la bibliografía que tiene presentada, nunca hay que fiarse, pero mandaría muchos bemoles que decidiera en sentido contrario al que lo ha venido haciendo. Hasta la fecha, siempre ha fallado a favor de las comunidades que han instaurado el salvoconducto. Y en los razonamientos no se ha andado con filigranas judiciosas. Sin más y sin menos, lo ha considerado una medida proporcional para preservar la salud, es decir, la vida, que se supone que es el bien fundamental que hay que proteger contra viento y marea. De hecho, y aunque a sus obtusas señorías del TSJPV no les quepa bajo el birrete, sin vida todos los portantoencuantos dizque jurídicos importan una higa.
