MADRID. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno razona que estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados, según expone en un auto en el que acordó libertad sujeta al pago de fianza de 100.000 euros para tres de los 18 detenidos.

Estas sociedades formalizaban contratos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, que a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras. "Esta cesión es la verdadera motivación de las cadenas para emitir los repertorios musicales de los investigados ya que, en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende en receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE", reza el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional detalla que este sistema "preconcebido y perdurable en el tiempo" se pudo llevar a cabo "en connivencia" con trabajadores de productoras de televisión mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras, realizadas por personas con "dudosos conocimientos musicales".

Los tres detenidos que pasaron ayer a disposición judicial son el pianista gaditano Manuel Carrasco, el compositor Fernando Bermúdez y el productor Rafael Tena --hermano del fallecido cantante Manolo Tena--. A todos les imputa delitos de pertenencia a organización criminal y delito de corrupción en los negocios y les da un plazo de 72 horas para pagar la fianza de 100.000 euros.

Tanto Bermúdez como Carrasco (cofundadores de EurodeltaMusic), son, a juicio del magistrado, dos personas "fundamentales" en el marco de la trama de la música inaudible ya que ambos pusieron en marcha un entramado de empresas tendente a obtener "cuantiosos" beneficios cuyo principal emisor es la SGAE los cuáles no serían posibles basándose únicamente en la calidad de unos temas musicales compuestos, en muchas ocasiones "por personas con dudosos conocimientos" en este ámbito.

Además del beneficio económico, existe un beneficio político puesto que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios de acuerdo a las cantidades que perciben por la generación de derechos de autor, lo que les permite tener poder de decisión en la Junta y "perpetuar el fraude". De acuerdo a lo expuesto en el auto, de estas actuaciones habrían resultado perjudicados la totalidad de los socios, es decir, 120.000 personas.