GASTEIZ - Aunque con un retraso de años, la Ley de Patrimonio Documental y del Sistema de Archivos de Euskadi será una realidad a comienzos de 2016. De aquel primigenio borrador que se puso sobre la mesa durante el Gobierno de Ibarretxe, del empeño discontinuo del Gobierno socialista, ha surgido ahora una ley moderna, flexible y aglutinadora que pretende poner orden en una parcela donde, de momento, reina cierta impunidad. “Somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos una ley al respecto, y esa carencia quedará subsanada en breve”, apunta Imanol Agote, director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. Además de ésta, en el Estado español ya se han aprobado otras leyes convergentes, como son la Ley de Transparencia y la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

La norma se adapta al nuevo entorno digital e impulsará la incorporación en la gestión archivística de metadatos de valoración, selección, conservación y acceso de los documentos electrónicos, para garantizar la autenticidad e integridad de los mismos. Aunque algunos artículos de la Ley pueden matizarse en el debate parlamentario, Agote se centra en las bondades del proyecto: “Esta Ley dará la posibilidad de que estén todos los archivos, tanto de diputaciones como de entidades privadas, como Eresbil, etc... Es aglutinadora, contemplará también a los Archivos Históricos Provinciales transferidos a la Comunidad Autónoma Vasca en 2011, con independencia de que estos terminen o no siendo gestionados por las diputaciones. Yo espero que con diálogo y sentido común esta Ley llegue en beneficio de todos los ciudadanos”.

“Son solo 30 artículos -incide Agote- con dos objetivos claros: proteger el patrimonio documental de Euskadi, estableciendo unos criterios que permitan regular qué puede expurgarse y qué debe conservarse de nuestro patrimonio documental, y estructurar un Sistema de Archivos de Euskadi que permita hacer más accesible el acceso a los documentos con valor cultural y administrativo a la ciudadanía”.

Para ello se conformará una Comisión de Evaluación, Selección y Acceso a la Documentación, que será la encargada de decidir qué se guarda y qué se destruye, y además acordará criterios homogéneos y abiertos a la hora de garantizar a la ciudadanía el acceso a los documentos”.

RESPONSABILIDADES La nueva Ley también acarrea responsabilidades, las que habrán de asumir todas las entidades que se encargan de archivar documentos públicos en la CAV. Así, se instaurará la obligatoriedad de que los titulares de documentos públicos deban disponer de un archivo con personal, instalaciones, equipamientos de seguridad y planes de emergencia adecuados para, a su vez, garantizar la custodia, conservación, acceso y difusión de los documentos. Es el conocido como principio open access, que Agote considera de suma importancia. “En la Ley de transparencia se insiste en el concepto de open data, que es pro-activo, que está muy bien, pero que puede dejar en un lugar secundario al principio igualmente importante del open access, es decir, del sistema archivístico que garantiza el derecho de los ciudadanos de acceso a los documentos, y creo que habría que subrayar ese derecho y ponerlo al mismo nivel que el principio de open data, que fomenta la publicidad activa de la información por parte de las Administraciones Públicas”, puntualiza el director de Patrimonio Cultural.

Todas aquellas entidades que no respeten las obligaciones de conservación y acceso reguladas en la Ley tendrán que acatar la sanción correspondiente, que en el caso de las infracciones más graves podría superar los 100.000 euros de multa.