madrid. La comisión que desde hace un año estudia un nuevo modelo de financiación para el cine, en la que está representado el sector y la administración pública, ha alcanzado un acuerdo para reducir el IVA del cine y aumentar "al menos al 25%" los incentivos fiscales a la producción. El acuerdo, alcanzado ayer, prevé la creación de un vehículo jurídico ad hoc para facilitar la inversión en el sector, tal y como reclamaban los productores audiovisuales.

La "reducción del tipo impositivo para el IVA para el cine" es uno de los compromisos logrados por la comisión, según un comunicado de la secretaría de Estado de Cultura, que no da más detalles sobre este aspecto. En cuanto a las ayudas directas, las partes constatan la necesidad de "encontrar un sistema sostenible, que garantice la consolidación de una industria sólida, y que permita una cinematografía variada y plural". La idea es establecer un "sistema mixto que combine los incentivos fiscales y los apoyos directos de manera equilibrada, al igual que los países del entorno español". En cuanto a los incentivos fiscales, el acuerdo estipula "mejorar el porcentaje de deducción existente al menos al 25%" e introducir "cambios para facilitar la inversión en cine y audiovisual por quienes no son productores". Este informe de la Comisión del Cine será remitido al Gobierno para su puesta en práctica, agrega el comunicado.

La comisión, donde están representado el Ministerio de Cultura y el de Hacienda por parte del Gobierno, y del sector tanto exhibidores (Fece) como distribuidores (Fedicine) y productores (Fapae), anunció que se establecerá "un periodo transitorio" en el cambio de sistema de financiación "que impida situaciones de inseguridad y brusquedades para las empresas". El nuevo sistema de ayudas tendrá dos esquemas, uno "selectivo, independiente y profesionalizado", que premie la calidad artística de los proyectos y otro automático que sea "totalmente objetivo y universal". En el mismo, se incluirá un sistema de puntos y una nota de corte, así como "cláusulas de territorialización", según la nota. En cuanto a los incentivos fiscales, se implantarán "mecanismos de control para que las inversiones dejen huella industrial en España, como un test cultural y un tope máximo por proyecto". Tendrán una "discriminación positiva" los proyectos dirigidos, escritos y producidos por mujeres y los equipos con participación paritaria de hombres y mujeres.