El panorama de la televisión europea ofrece un modelo de empresas de diversa titularidad que permite la coexistencia de medios públicos y privados, con financiación a cargo del mercado publicitario o transferencias de capital del tesoro público o mixto. Las teles privadas se vienen quejando de las ventajas de las públicas a la hora de ingresar dinero de impuestos y de contratación comercial y siguen en la batalla de eliminar la doble financiación para una concurrencia equilibrada en el mercado. En el caso español, la crisis ha puesto sobre el tapete los déficits acumulados de las televisiones autonómicas y la necesidad de encarar esta grave situación financiera al tiempo que ha comenzado una campaña soterrada pero progresiva en contra de la existencia de estos medios de comunicación social amparados en la decisión política de los correspondientes parlamentos autonómicos de dedicar parte de los ingresos a financiar estas actividades. Las teles autonómicas se legitiman por sus estatutos correspondientes y responden al deseo social de dotarse de estos instrumentos recogido por los políticos para construir instrumentos de autonomía y protección de los intereses de cada comunidad. Estas teles tienen legitimación democrática y responden al entramado organizativo en autonomías que consagra la vigente constitución de 1979 que algunos tanto proclaman para machacarla a continuación.La pasada semana, el programa de Jordi Évole trajo a colación la problemática de los medios audiovisuales públicos y su constante politización y las declaraciones de quien fuera portavoz de uno de los gobiernos Aznar, el cínico Miguel Ángel Rodríguez descubría con malsana desfachatez el uso y abuso de la tele pública de "ellos" y la "de los nuestros", en un ejercicio de alternancia maniqueo con intenso perfume clientelista.
