Vitoria. El presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Eduardo Bautista, cree que la ley Sinde funcionará "razonablemente bien, pero más por el efecto disuasorio que por el punitivo", y está convencido de que después del verano ya podrán cerrarse las primeras páginas web de descargas ilegales.

Bautista cifra entre 150 y 200 las páginas web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor que deberían cerrarse y que son "el verdadero objeto de la ley", ya que llevan mucho tiempo operando fuera de la legalidad "con un desprecio total a los derechos de autor". El director ejecutivo de la entidad que gestiona los derechos de autores y editores estima que estas páginas facturan una media anual de diez millones de euros procedentes de las descargas ilegales de películas y música de alrededor de siete millones de particulares.

La Ley Sinde, incluida como disposición final en la Ley de Economía Sostenible, permite el cierre de estas webs por orden judicial y está en vigor desde el pasado 6 de marzo, aunque estará operativa una vez se elabore el reglamento de la norma y se constituya la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de examinar las denuncias.

Para Bautista esta ley es "la mejor que se podía hacer en este momento", si bien cree que su regulación no va a ser fácil, ya que el espacio electrónico es "muy dinámico". En este sentido, advierte de que ya hay algunas de estas web que comienzan a mudar sus servidores a Marruecos o paraísos fiscales para burlar la normativa a través de la creación de direcciones dinámicas.

"La tecnología te permite deslocalizar y reubicar en otros espacios, pero estoy seguro de que el interés general pide un sistema con reglas de juego para todos". Bautista subraya que la ley Sinde es una norma "de principios" y como tal "hay que aplicarla donde esos principios estén siendo vulnerados".

Bautista apunta a los operadores de Internet, a los que compara con las carreteras, y a los buscadores de Internet -las estaciones de peaje-, como los grandes interesados en el negocio legal. Respecto al canon digital, que tiene que ser modificado en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, asegura que el nuevo reglamento irá por el camino de situar a España en la media de normativas europeas.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y de la Audiencia de Barcelona "ratifican la legalidad y legitimidad del canon digital" y eliminarlo tal y como defiende el PP sería perjudicial para todos los ciudadanos, ya que este gravamen permite que el usuario haga copias de forma legal. "El PP puede quitar el canon, pero tendrá que declarar ilegal la copia privada en España", asegura Bautista pues, de eliminar el gravamen, "nadie podría copiar nada, sería peor el remedio que la enfermedad" y "un sinsentido" acabar con un derecho ciudadano.

Además, advierte de que en caso de que un gobierno elimine el canon o genere un deterioro de una norma comunitaria, el resto de países actuaría contra él, algo que ha sucedido en otras dos ocasiones con temas relacionados con la propiedad intelectual en los que la UE tiene un concepto claro de la protección al autor. Lo que propone es que el canon digital sea objeto "antes o después de pacto de Estado".