Madrid. Unas 300 personas, entre las que se encontraban músicos y cantantes famosos, además de productores, distribuidres, mánagers y demás trabajadores de la industria discográfica, se concentraron ayer ante el Ministerio que dirige Miguel Sebastián para exigir que se acaben las descargas ilegales.

En un pequeño escenario que se montó frente al Ministerio de Industria, en la madrileña plaza de Cuzco, artistas como Rosario, Antonio Carmona, Luis Eduardo Aute, Loquillo, David de María, Tamara, Conchita o Chenoa gritaron junto al resto de trabajadores que la música es cultura, pero también empleo. Ese fue el eslogan que eligieron para sus pancartas y que corearon intensamente cuando el ministro accedió a recibir a un grupo de representantes, formado por los artistas José María Sanz (Loquillo) y Luis Eduardo Aute, y por los presidentes de Sony Music, Carlos López, y de la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), Antonio Guisasola. Según explicaron tras entregar al ministro una copia del manifiesto que han firmado más de 2.000 artistas españoles, Sebastián se mostró "receptivo". "Ha quedado claro que el control de la piratería comercial no nos sirve -dijo Guisasola- y se ha comprometido a dar una respuesta de aquí a final de año".

Es la primera vez que discográficas, productores, mánagers, artistas y demás trabajadores que viven de la música se rebelan juntos, porque "el tema es ya urgente". "Les hemos pedido que no se busquen atajos sino medidas valientes, que no nos basta con atacar a las páginas web como objetivo prioritario, que necesitamos que se prohíban las descargas peer to peer (P2P o usuario a usuario)", resumió Guisasola. Según él, el 70% de las descargas ilegales de música en España se producen por este sistema, "más del doble que en la UE" y la solución que ofrece el Gobierno es una respuesta "mutilada" que sólo afecta al 30% del problema y, por tanto, no les sirve. Emilio Santamaría, presidente de Asociación de Representntes Técnicos del Espectáculo (ARTE), dijo que la industria discográfica ha perdido un 40% de sus empleos: "estamos hartos de ver cómo desaparecen estudios de grabación y miles de técnicos, somos más de 100.000 personas a las que no se nos da importancia, es hora de hacernos oír", dijo. "Esto es el principio", afirmó Aute, y Rosario Flores también reclamó atención: "llevamos seis o siete años de crisis y ya nos ahogamos". Loquillo reconoció que algunos "caras" han hecho daño a la imagen de quienes ahora reclaman ayuda: hablamos de trabajadores y si no se hace algo, dijo, "estaremos a expensas de los que vengan de fuera: nos estaremos jugando nuestra propia cultura".

No se cortará internet La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró ayer que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas. Reconoció que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros. "Ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a Internet. Quienes verán limitada su actuación en la red serán aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos", dijo.