Los datos nos permiten tomar decisiones con bases objetivas, evaluarlas y extraer conclusiones fiables que alejan prejuicios. Sobre la conveniencia de conocer los datos sobre delincuencia, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha decidido facilitar el origen de las personas detenidas. Es la primera vez que una policía del Estado comunica estadísticas con el lugar de procedencia de las personas detenidas y las investigadas a través de la web oficial de la Ertzaintza. Allí aparecen las actuaciones llevadas a cabo de enero a septiembre de este año 2025 con el desglose por procedencia, género y tipo de delito. Estaría bien que existiera algo similar en Navarra. La justificación del consejero es que la percepción social está muy sesgada por la imagen que difunden los sectores más reaccionarios, sobre todo desde la ultraderecha, asimilando delincuencia e inmigración magnificando solo aquellos casos que respaldan sus tesis: si hay inmigrantes en las detenciones con un delito grave de por medio.
Con el objetivo de ser transparentes con datos oficiales, la información de la Ertzaintza da pie para sacar varias conclusiones. La primera es que los delitos se reparten entre ambas poblaciones: los extranjeros lideran las detenciones (64%) mientras que los autóctonos son mayoría (57%) entre las investigaciones llevada a cabo. Por tanto, se evidencia que los delitos no se dan “casi siempre” entre los extranjeros que, por serlo, no acarrean un plus de delincuencia en sus venas.
La siguiente conclusión es que dicha estadística recoge el número de actuaciones policiales (detenciones e investigaciones). Es decir, que un mismo delincuente puede haber sido arrestado varias veces por robos o agresiones –multirreincidencia– distorsionando el número de quienes delinquen.
Otra conclusión del informe es que los datos avalan algo ya conocido entre la población autóctona: en términos generales, el porcentaje de los hombres que delinquen es mucho mayor que el de las mujeres; tanto las de aquí como las que vienen del extranjero. Esto evidencia la injusticia de estigmatizar a las mujeres inmigrantes por el mero hecho de serlo.
Llama especialmente la atención del informe de la Ertzainza que los datos aportados, se refieren únicamente al número de operaciones policiales, sin incluir algún dato sobre los perfiles de desarraigo y necesidades económicas de las personas que cometen delitos, que son el germen que provoca buena parte de la delincuencia. Este tipo de información clarificaría mucho la estadística y la realidad social a los efectos de tomar medidas políticas, sociales y económicas de acuerdo al Estado del bienestar protegido por el Derecho.
En cuanto a la tipología de delitos, el reparto general es similar salvo en algunos casos que despuntan los autóctonos sobre los foráneos. Por ejemplo, en los delitos de estafa y conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
En general, estamos hablando de un 14% de inmigrantes sobre la población total de la CAV; es decir, 300.000 personas que muestran una conducta penalmente irreprochable que no se corresponde, con carácter general, a la alarma social encendida. Para colmo, la suma total de delitos en la CAV es levemente inferior al del año pasado.
El problema no es la publicación de datos, sino la permisividad de las exageraciones y mentiras que fomentan el odio al extranjero o incurren directamente en el delito de odio. Ahí es donde, en mi opinión, la alarma que percibe la ciudadanía sobre la inseguridad se alimenta. Echo en falta un consenso social de tolerancia cero con quienes sabemos que alimentan lo peor del ser humano entre las diferentes capas de la sociedad. Sobre todo desde púlpitos que deben estar reservados a propagar la convivencia y no el odio al diferente.
Bienvenida sea la medida auspiciada por el consejero Zupiria para resituar prejuicios alimentados por algunas redes sociales y políticas. Más adelante, ojalá llegue el día en que este tipo de datos no tenga necesidad de publicarse.
Por último, recordar que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) considera que las categorías difusas no contribuyen a la prevención del delito ni a un debate honesto. La Confederación Española de Policía (CEP) también apoya esta política informativa como parte de la transparencia que se debe ofrecer. Añaden que la difusión de la nacionalidad no vulnera derechos como la imagen o la intimidad, y preserva la presunción de inocencia. Por último, el ministro del Interior Grande-Marlaska desliga siempre la relación entre inmigración y delincuencia, destacando que, ante el crecimiento de la población inmigrante en los últimos años, “la tasa de criminalidad presenta una tendencia a la baja”.
Analista
