Los colectivos de defensa de los derechos de las personas migradas llevan años pidiendo a las cortes españolas una reforma estructural y global de la actual ley de extranjería. Una ley que, tal y como está redactada, condena a las personas migradas al ostracismo durante el tiempo que tienen que permanecer en el Estado español esperando para poder solicitar los permisos de residencia y trabajo por arraigo.
En los últimos días se abrió el debate de la reforma de la ley de extranjería. En realidad, el debate no es sobre la reforma de la ley en su totalidad, sino única y simplemente del artículo 35 de la norma, que trata sobre los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). Se ha perdido la oportunidad de debate y de hacer justicia con todas personas migradas en España. Las leyes son las principales armas para dar dignidad a las personas en cualquier país. Las personas migradas, a causa de esta ley injusta, son impedidas de aportar social, laboral, cultural y financieramente a esta sociedad. La actual ley obliga a las personas migradas a vivir durante tres o más años en irregularidad administrativa. Impide a las y los empresarios poder contar con estas personas porque, aunque tengan necesidad de contratación, hasta que no se cumplan los tres años de padrón en España, no se les puede contratar. Esta situación no solo perjudica a las personas migradas, sino también a las personas que necesitan de mano de obra, y perjudica a la economía española. Las personas migradas a través del empadronamiento, que es a lo único que tienen derecho al llegar a territorio español, acceden a las prestaciones de las entidades sociales y es este hecho el que causa rechazo social y sensación de aprovechamiento de los recursos sociales, sentimientos racistas, xenófobos y de no aceptación a las personas que llegan a estas tierras por varias circunstancias.
Sabiendo que tenemos un gobierno de mayoría progresista en España, el asombro de muchos colectivos defensores de la reforma de la ley de extranjería ha sido enorme, al ver que no se ha tenido la suficiente valentía para realizar lo que desde hace años se viene pidiendo, que es un proceso de regularización de todas las personas que tienen su arraigo en España. Con la ley de extranjería actual, que es injusta y poco estratégica, lo que se está permitiendo es avivar a cada día el discurso de algunos grupos políticos que dicen sin miramientos que las personas migradas son vagas, aprovechadas y que traen única y simplemente la violencia y la delincuencia a este país.
Una ley que abre las puertas, que ofrece desde el primer momento al que llega la posibilidad de aportar con su trabajo, su saber y su fuerza al país que lo recibe, cambiaría quizás la idea de que el que llega no quiere trabajar. No se debería ver con normalidad el hecho de que una persona llegue a España y tenga que estar dando vueltas a la nada, malviviendo, sufriendo, teniendo que perder ofertas de empleo, por no tener la posibilidad de regularizarse. Este aspecto se contradice con el discurso de que existe carencia de mano de obra en este país. Si es así, ¿por qué no se facilita a las personas que quieren trabajar el poder hacerlo de manera legal? Sí se les permitiría aportar a la economía y crecimiento de las empresas, a la seguridad social, a sus familias en los países de origen, a la sociedad de acogida y a España.
La migración es y siempre ha sido riqueza. No se puede permitir, que este fenómeno que siempre ha enriquecido las sociedades, tanto, que todos y todas somos fruto de migraciones, sea utilizado como el chivo expiatorio de todos los males de España. Sería conveniente que, al llevarse el articulo 35 a debate, se aprovechase la oportunidad para llevar toda la ley de extranjería a debate, porque urge atender a los menores como también urge reformar la ley de extranjería en su globalidad. Tened la valentía de reformar esta ley injusta con todas las personas migradas en general, no solo con los y las menores. España no puede seguir permitiendo tener a personas rehenes de esta ley dentro de su territorio. Un país justo tiene leyes justas para todas las personas. Una buena ley de extranjería no causaría el temido efecto llamada, causaría el efecto justicia, el efecto riqueza y el efecto ejemplo de lo que sería una verdadera sociedad de acogida.
Trabajadora social, doctorada en Administración y Política Pública por la UPV/EHU y activista por los Derechos Humanos
