Es una excelente noticia que Euskadi sea la primera comunidad en desarrollar con un decreto propio la ley española de Cadena Alimentaria. De entrada, mejorar esa norma es una de las principales demandas del sector agrario y ganadero que hace unas semanas sacó los tractores a la calle. Las organizaciones de todo signo vienen denunciando lo poco o nada que se ha conseguido desde que se aprobó, con toda pompa y circunstancia, hace casi tres años. Los datos parecen darles la razón. Hasta el 30 de junio de 2023, última fecha de la que hay registros, se realizaron alrededor de 1.500 inspecciones, de las que un tercio acabaron con sanción. Es significativo que en la inmensa mayoría de los casos, las multas fueron por incumplimiento en los plazos de pago a los productores y no por el mayor motivo de denuncia del sector, es decir, la venta en los lineales a un precio inferior al del coste del género.
Ojalá el decreto vasco sirva para terminar con esta práctica abusiva y con todas las demás que sufren quienes nos proveen de alimentos. Desde luego, se promete aumentar la vigilancia con más inspecciones y con sanciones económicas que pueden llegar al millón de euros en los casos más graves. Además, se creará el observatorio de la cadena alimentaria en Euskadi, que debería no ser un órgano casi decorativo, como el español. También es importante el nombramiento de una comisión de seguimiento del código de buenas prácticas en la contratación alimentaria porque no es lo mismo expresar las mejores intenciones que convertirlas en hechos contantes y sonantes. Por no callar nada, me atrevo a pedir que estas buenas prácticas afecten a todos los eslabones de la cadena de modo que, por poner un ejemplo cada vez más tristemente habitual, un consumidor no acabe comprando unas patatas que, por su presentación, parecen autóctonas para descubrir en la letra microscópica que vienen de Francia o, peor todavía, de Israel.
