Violencia contra la mujer

Y ello, recordando la Declaración sobre eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 y un abanico de Declaraciones, Pactos y Convenciones entre los cuales ocupa un lugar prioritario la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo hacía preocupada por la especial vulnerabilidad de grupos de mujeres a la violencia, entre ellas, las que pertenecen a minorías, refugiadas, migrantes, o que se encuentran en situaciones de conflicto armado. Y lo hacía reconociendo que los DDHH de la mujer y de la niña son una parte inalienable e indivisible de los DDHH. En los antecedentes de este 25 de noviembre, hay que mencionar el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, por su activismo y oposición al dictador dominicano Rafael Trujillo. Un destino compartido, en fechas no tan lejanas, por otras defensoras de los DDHH como Berta Cáceres o Marielle Franco. Lo celebramos en un año en el que el Premio Nobel de la Paz se concedía a Narges Mohammadi que lo recibía encarcelada en Irán por su activismo y defensa de los DDHH.

Violencia contra la mujer

Nos sumamos, pues, desde Amnistía Internacional (AI) a dicha sensibilización. En el último Informe Anual 2022-2023, la organización recuerda la dimensión de esta violencia a nivel mundial. Si bien se han registrado algunos avances legislativos en la materia en varios países, como España, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos, China o Indonesia, AI insiste en la necesidad de que los gobiernos adopten medidas integrales para prevenir la violencia de género contra las mujeres y las niñas, para proteger y brindar apoyo a las personas sobrevivientes y para abordar la impunidad por los delitos que se hayan cometido.

En África, la prevalencia de esta violencia refleja los arraigados patrones de discriminación por motivos de género y otras formas de desigualdad, y la violencia sexual relacionada con los conflictos sigue siendo generalizada. Un par de datos ilustran la situación en América: 858 feminicidios entre enero y noviembre de 2022 registrados en México, y 233 en Argentina, según datos de diferentes ONG. En Asia, en el Afganistán de la sharia no existe ningún mecanismo fiable al que puedan recurrir las mujeres víctimas de ese tipo de violencia, es más, las autoridades talibanas castigan a las mujeres por denunciar la violencia de género intrafamiliar. Igualmente, en otros países como Bangladesh, se han documentado cientos de violaciones o asesinatos de mujeres impunes por sus esposos u otros familiares. También en Oriente Medio y Norte de África, la violencia de género sigue prevaleciendo con total impunidad. En Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán y Yemen las defensoras de los DDHH y activistas son arrestadas por denunciar la violencia sexual y la discriminación por motivos de género. Y en Irán, el levantamiento por la muerte de Mahsa Amini se reprimía ocasionando más de 500 personas muertas y más de 22.000 detenidas y varias ejecutadas.

Respecto al Estado Español, en 2023, a 11 de octubre, 51 mujeres han muerto asesinadas por su pareja o expareja. Desde el año 2003 hasta esta fecha, la cifra asciende a 1.236 mujeres. En Euskadi, son 51 las mujeres asesinadas en el contexto de la violencia de género en este periodo. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 del Ministerio de Igualdad, el 57,3% de las mujeres de 16 o más años residentes en el Estado han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres y el 13,7%, esto es, más de 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual, siendo los porcentajes más elevados entre las mujeres con discapacidad y entre aquellas nacidas en el extranjero. Y según datos del Ministerio del Interior (2023), en España se denuncian ocho violaciones al día. A esto añadimos, de una manera especialmente dolorosa, que los hijos e hijas son utilizados e incluso asesinados para infligir dolor a la madre. Desde 2013 han sido asesinados 49 niños y niñas como causa directa de la violencia de género, siendo el asesino el padre biológico en la mayoría de los casos.

En octubre del pasado año entraba en vigor, entre controversias, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, que reforma el Código Penal redefiniendo el delito de violencia sexual basándose en la falta de consentimiento. La Ley prevé medidas para la prevención, detección, investigación, procesamiento y reparación de la violencia sexual. En opinión de AI, y a pesar de que la Ley incluye medidas importantes como la prestación de atención integral especializada y accesible, para su eficacia se requieren recursos y mecanismos de aplicación y coordinación. Así, en la actualidad, las mujeres siguen encontrándose con graves obstáculos ante la falta de aplicación de políticas públicas que aborden la violencia sexual de manera integral. En este sentido, hay que destacar la falta de asistencia especializada en sectores clave como la salud o la justicia. Asimismo, sigue habiendo obstáculos para la protección y acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género como son la falta de “diligencia debida” en la investigación y el procesamiento de estos delitos y las deficiencias en la protección de las víctimas o supervivientes. Tampoco se dispone de información suficiente sobre cómo afecta la violencia de género a las migrantes en España, entre ellas, las que se encuentran en situación irregular con dificultades para denunciar dicha violencia por temor a ser deportadas. Es más, es muy deficiente la información sobre las mujeres migrantes víctimas de trata que no son identificadas adecuadamente por las autoridades.

Ante éstos y otros motivos, AI presentaba sus recomendaciones a España, el pasado mes de mayo, a raíz de la Información para el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la Mujer. En ello estamos.

No desfalleceremos nunca en nuestro compromiso con los DDHH. Nunca.

Coordinadora de Amnistía Internacional de Euskadi