Fue Aristóteles el primero en definir el concepto de la demagogia como la “formulación corrupta o degenerada de la democracia”, una práctica de la oratoria que permite atraer hacia los intereses propios las decisiones de los demás utilizando falacias o argumentos aparentemente válidos que sin embargo, tras un análisis de las circunstancias pueden resultar inválidos o simplistas”. Los demagogos son, por lo tanto, personajes acríticos cuyo único interés es ganarse la confianza de la gente utilizando para ello la adulación o los argumentos que esta desea escuchar, simplificando la supuesta resolución de los problemas y escondiendo la dificultad de los mismos.
Lo acontecido días atrás en relación al proyecto de ley español de vivienda y la afloración de 50.000 viviendas para ser dedicadas al alquiler social, no es sino una muestra evidente de una acción política claramente demagógica.
El nuevo episodio de artificio político sostiene el relato falsario de una pugna entre “progresistas” y “conservadores” utilizando en este caso el grave problema del acceso a la vivienda y las dificultades de emancipación juvenil que tan déficit comporta. Así, los supuestos “progresistas”, dicen actuar para abordar una solución legal a la falta de alternativas habitacionales. Pero su “solución” no es real y sus medidas propuestas llenan de dudas la legalidad y la eficacia del procedimiento establecido.
Por el contrario, quienes se hayan permitido dudar de la efectividad del proyecto de presentado han sido acusados de defender a los grandes propietarios inmobiliarios, los fondos-buitre o a los bancos desahuciadores. El maniqueísmo con el que juegan quienes impulsan esta política de “relato” y propaganda no termina de comprender que este “juego” solo beneficia a un artista. A quien mejor maneja los trucos efectistas y los tiempos en los que los desarrolla; Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez volvió a meter la mano en la chistera y tras el proyecto de ley sacó otro conejo. Había dado orden a sus colaboradores para que, tras las pensiones, se tenía que aprobar y acordar –“sí o sí”– un proyecto de ley de vivienda. Pese a la negativa que su borrador inicial había generado en el Consejo de Estado o el demoledor informe contrario emitido por el Consejo general del Poder Judicial.
Si llevaba al Parlamento un proyecto de ley de vivienda, cerraría su programa legislativo antes de su “entronización” como presidente de turno de la Unión Europea. Y, además, volvería a callar la boca a sus aguerridos socios de Unidas Podemos que le reclamaban, tras el fiasco de la ley de solo sí es sí, mayor gallardía y atrevimiento parlamentario.
Con el proyecto de vivienda, Sánchez les proporcionaba así un caramelo, un triunfo parcial. Pero la golosina estaba envenenada. Ya que apenas veinticuatro horas después de anunciar el acuerdo con los republicanos de ERC y EH Bildu –tributarios de Podemos– se apuntaría en mitin y en solitario –como ha gustado hacer en la totalidad de su mandato– , la oferta de los pisos de la Sareb. 50.000 viviendas al mercado. Sin matices ni filtros que elevó a primer titular de informativo hasta nuestra televisión vasca, en un dechado de periodismo de dudoso contraste.
Más tarde llegarían los “peros”. De las 50.000 viviendas anunciadas, menos de 100 corresponderían a Euskadi (52 a la Comunidad Autónoma Vasca y 47 a Navarra) . Y de la cifra global, el 70% se ubican en Catalunya y Valencia, siendo una gran mayoría de difícil salida al mercado. Es decir, humo inmobiliario.
Pero para contrarrestar también esa sensación, Sánchez –esta vez en el Congreso y no en un mitin– volvió a meter su mano en la chistera y, abra cadabra, sacó otra promesa. 43.000 nuevas viviendas de alquiler social financiadas con fondos ICO. Ni David Copperfield.
Curioso en este paripé, el papel de EH Bildu que ha aplaudido con las orejas el “alcance” del acuerdo y la profundidad del contenido pactado pues, en palabras de Aizpurua, consigue “poner tope a los alquileres” e “imposibilitará los desahucios tal y como están concebidos hasta ahora”, además de “dar alternativas a quienes no pueden tener una vivienda”.
Al aplauso se ha sumado también Arnaldo Otegi, para quien, cual profeta del adanismo político ha asegurado que “ya tenemos paraguas jurídico en el Estado, ya se puede utilizar suelo público para viviendas sociales o topar los precios del alquiler y hacer otro tipo de políticas de vivienda en nuestro país”. Una valoración que olvida y desprecia, la potencialidad de la ley vasca aprobada en el 2015 que, como cuestión fundamental, reconocía el derecho subjetivo de todos los vascos y vascas a una vivienda.
Un partido que se define como independentista o soberanista vasco debiera entender que su primera línea de defensa tendría que dedicarse a evitar que la capacidad de sus instituciones y de su autogobierno se viera cercenada con intromisiones de ámbitos ajenos. Y el proyecto de ley pactado por EH Bildu en Madrid, más allá de la consigna o el relato, da carta de naturaleza a una invasión competencial como la copa de un pino. Las palabras de la ministra-portavoz, Isabel Rodríguez –”a la ciudadanía le importa bien poco dónde esté escrito de quién es la competencia”– acreditan tal menoscabo de la legalidad y el autogobierno.
Los “parches” incorporados en el texto, asegurando el “respeto” a las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas son el brindis al sol que EH Bildu ha pretendido hacer pasar como “garantías” para evitar la evidente crítica que su displicencia negociadora en Madrid iba a provocar en Euskadi.
Si se reconocen las competencias exclusivas (artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía de Gernika), ¿a qué viene regular, a renglón seguido, todas las consideraciones y circunstancias que las comunidades autónomas deben cumplir en materia de vivienda, alquiler, etc? ¿Acaso nuestra regulación vasca no es suficiente para ejecutar una política propia en la materia?
¿Cómo entender entonces que Euskadi, con 26.000 viviendas, esté a la cabeza del Estado en porcentaje de alquiler social por habitante? ¿Acaso Otegi desconoce que Euskadi ha sido la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha el derecho subjetivo a la vivienda, mediante la adjudicación de una vivienda en alquiler o, subsidiariamente, accediendo a una prestación económica de hasta 300 euros mensuales? Y que fruto de esa política, cerca de 35.000 hogares en Euskadi reciben algún tipo de ayuda o prestación para el pago del alquiler libre?
Pero hay más. Mucho más. Si el problema fundamental de la ausencia de plazas de alquiler radica en el notable incremento de los pisos turísticos, ¿por qué el proyecto de ley pactado por EH Bildu no cita en ningún caso esta casuística? ¿Por qué no se ha apoyado al alcalde de Donostia, Eneko Goia cuando ha pretendido regular ese efecto nocivo para la oferta inmobiliaria de alquiler? Y, por otro lado, si se entiende que la vivienda es un problema para la independencia de los jóvenes ¿dónde están, en el proyecto de ley con el que EH Bildu saca pecho, las ayudas para hacer frente a esa emancipación? (En Euskadi 300 euros mensuales).
Detrás de muchos de los acuerdos y los posicionamientos que EH Bildu está desarrollando en Madrid se encuentra un fundamento cosmético. Algunos apoyos al gobierno de Sánchez han tenido contrapartidas que el propio Arnaldo Otegi enumeraba descarnadamente en un acto interno en Eibar en octubre de 2021. Otros, simplemente, han sido postureo. ¿Cuántas de las enmiendas pactadas en los diversos presupuestos generales del Estado han terminado ejecutándose?
Recordemos otro episodio. Hace ahora tres años EH Bildu volvió a exhibir su capacidad de acuerdo y su “influencia” en el Estado con otro anuncio de impacto; la “derogación completa de la reforma laboral de la derecha”. Sí, “derogación completa”. ¿Derogación?
Todo es narrativa. Blanqueo de imagen para borrar su percepción oscura del pasado. Situarse en la foto de la “progresía” para ganarse las simpatías de las “clases populares” en el Estado. Y, de paso, confrontar con el PNV en la influencia política en Madrid.
El anteproyecto de Ley de Vivienda que la próxima semana votará el Congresos de los Diputados –en dos días, gracias a la tramitación exprés pactada también por EH Bildu, se han tenido que votar 866 enmiendas– es parte del ejercicio de prestidigitación mediática al que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados habitualmente. Pero, también es el fruto de la demagogia de EH Bildu. El producto genuino de quienes solo buscan lucir imagen. Demagogia en detrimento del autogobierno de todos.
Miembro del Euskadi Buru Batzar de EAJ-PNV
