Hace unas semanas España recibió la visita de las mujeres de negro. Venían de Bruselas con cierta desconfianza, incertidumbre, incluso desasosiego. Hicieron lo que pudieron para conocer el uso de los Fondos Europeos a pesar de la falta de información suministrada, las respuestas sin fondo y la falta de datos precisos y menos precisos. El Ministerio de Hacienda, competente en la coordinación de todo el plan NextGen, dedicó escasos 30 minutos a la comitiva europea, una cifra llamativa teniendo en cuenta los más de 140.000 millones que se va a meter en el bolsillo. A los que nos paseamos de forma habitual por la España de los organismos, funcionarios, convocatorias, regulaciones etc., estos hechos no nos sorprenden ni un poquito. Estaba cantado, como se suele decir, y así lo hemos expresado en bastantes ocasiones.
El plan de resiliencia nació para el marco temporal 2021-26, y hoy en día, estamos de celebración porque ya se están concediendo las primeras convocatorias de ayudas. Las primeras en llegar fueron las dirigidas a la Administración pública, que tan necesitada está de digitalizar sus procesos, instalar placas fotovoltaicas en sus pabellones para ahorrar costes a 20 años o contratar personas para controlar la buena gestión de estos gastos. También se han resuelto las primeras convocatorias dirigidas a las empresas en ámbitos como el vehículo eléctrico, salud, economía circular o las energías renovables. Las ayudas, por fin, están llegando a las empresas.
Por tanto, muy buenas noticias… ¿o no? Desde el punto de vista técnico, lo que hemos aprendido en estos meses es que existe un gran encorsetamiento en cuanto a los requisitos de contenidos técnicos y proyectos elegibles, y diríamos que son de una complejidad no vista en la historia de las ayudas nacionales. Por otro lado, existe una gran incertidumbre durante todo el proceso de solicitud, con modificaciones y matices en las convocatorias incluso pocos días antes del cierre de las mismas.
En cuanto a los aspectos económicos, el coste elegible de los proyectos no suele ser el coste subvencionable (inversión de referencia) y mucho menos, el coste real de los proyectos (no se admiten costes de personal, etc.). Además, la exigencia de avales para el anticipo de las subvenciones lo convierte en una dificultad insalvable para las pymes, que no podrán disfrutar del dinero hasta haber justificado el proyecto.
En término globales, la excesiva fragmentación de los fondos en diferentes áreas, el impulso de proyectos en ayuntamientos y administraciones de escaso valor tractor y de carácter finalista, el diseño de algunas convocatorias sin interés alguno y otras de las que están abriendo segundas partes –porque no se consiguió conceder todo el presupuesto por falta de proyectos acordes a lo solicitado– junto con lo anteriormente señalado, está haciendo que la valoración intermedia de los fondos europeos sea de suspenso, suspenso alto.
Aunque lo que más me reconcome es que estoy casi seguro que entre 15.000 y 18.000 millones de euros de subvenciones, de los cerca de 70.000 que recibirá España, es decir, uno de cada cuatro euros, se utilizará para el control, gestión, y seguimiento de los fondos. Esta es una estimación personal, basada, entre otras cosas, en que la Comisión Europea ya estableció que, a nivel global, se dedicaría un mínimo de 8.400 millones de euros a estas tareas (6% de todos los fondos). A día de hoy ya se prevé que la gestión del programa NextGen se incremente al menos dos años más, dada la lentitud de todo el proceso. Si a eso se le suman los mayores gastos de los previstos –debido a la complejidad de algunos proyectos y a la necesidad de contar con un personal altamente cualificado en la administración central– y a la subcontratación de las big four a doblón, creo que no estaré desencaminado con la cifra estimada.
Resulta necesaria una buena gestión y también que exista control y transparencia, pero no es menos cierto que gran parte de los recelos y cautelas de la UE viene debidos a las malas praxis anteriores de los gobiernos nacionales y regionales. Por otro lado, la persistente actitud de politiqueo del gobierno central no dejando gestionar gran parte de los fondos a las autonomías que tienen capacidad para hacerlo con mayor solvencia está incrementando este gasto.
Soy plenamente consciente de que ha de haber políticas, proyectos e inversiones que se definan y diseñen desde una óptica nacional. Pero la transparencia, control y gestión de los fondos no se consigue con una mayor centralización; se logra cambiando muchos otros aspectos y más a largo plazo: cultura, clase política, responsabilidad, concienciación o cambios legales. Pero no es el momento. Necesitamos que lleguen los fondos a las empresas y ciudadanos, que lo hagan ya y que no se queden por el camino de los despachos y la burocracia.
España necesita más que nunca la colaboración de las regiones para lanzar a tiempo, con eficacia y transparencia y con el menor coste posible el plan NextGen. Así se logrará, de verdad, llevar a cabo reformas estructurales que impulsen nuestro modelo económico.
CEO de Bantec Group
