Uno de los misterios económicos que nadie se atreve a explicar es por qué en España hay tanto desempleo. Tras décadas liderando las cifras del paro en Europa occidental, una vez que los países exsocialistas reconstruyeron sus estructuras económicas, ahora nos permiten que lideremos también las de Europa oriental. Que Macedonia del Norte o Montenegro lo tengan aún peor, o que Grecia, desde la intervención de los hombres de negro de Bruselas en su crisis de deuda, nos pise los talones en el liderazgo del desempleo no parece que deba proporcionar gran consuelo.
El hecho es que hoy casi diez de cada cien personas en edad de trabajar en España no lo hacen porque no encuentran un empleo. En el conjunto de la UE, son cinco de cada cien. En Grecia, ocho. En Euskadi, casi siete de cada cien.
Esta sociedad incapaz de generar empleos suficientes parece haber encontrado una salida para mejorar los indicadores, reduciendo el denominador de la ecuación, el peso de la gente en edad de trabajar. Si desde la Gran Recesión de 2009 la población ha aumentado en 1,8 millones de personas, las que están en edad de trabajar se han reducido en 240.000. A pesar de haber creado 1,2 millones de empleos en los últimos años, los parados en España siguen siendo la quinta parte de los de la UE en su conjunto, al igual que al inicio de la crisis. Que en la era de Rajoy llegaran a ser la cuarta parte no es sino otro signo de que algo no funciona de la misma forma que en resto de los países de la UE, todos los niveles de renta y regiones geográficas y culturales comprendidos.
Explicar esta situación pareciera fundamental para diseñar las políticas de modernización, flexibilización y sostenibilidad que tanto le gustan a los responsables de la cosa pública, pero que tienden a aplicarla donde no corresponde, por ejemplo, a las garantías contractuales de los trabajadores (legislación laboral), a los salarios indirectos (pensiones), a las prestaciones (subsidio de desempleo)… y también a los sistemas de educación y formación (plan Bolonia), a la sanidad de los trabajadores (privatización)… En fin, que las políticas que pretenden mejorar los ratios del mercado de trabajo tienden a enfocarse en lo que cuestan los trabajadores, lo que los trabajadores saben o no saben hacer, sus derechos y deberes…
Cuando, en realidad, la gran diferencia entre la economía española y la de la Unión Europea no estriba en la calidad o cantidad de los trabajadores sino en la calidad o cantidad de las empresas. La diferencia es un problema de demanda, no un problema de oferta de trabajo.
No vamos a entrar ahora en la discusión sobre el “modelo productivo”. Un modelo productivo que responde no solo a la decisión de los que han invertido su capital en unas actividades y no en otras, sino a decisiones políticas, como entrar en el mercado común sacrificando el sector industrial para defender mejor la agricultura y el sector financiero, o a unas políticas comunitarias que impiden aplicar políticas públicas de incentivos y desincentivos eficaces para la orientación sectorial de las inversiones. La cuestión es que países con modelos productivos más o menos similares al español tienen todos ellos un problema de desempleo mucho menos grave que el hispano.
Buscando diferencias y especificidades, encontramos una a la que se presta poca atención, a tenor de la escasa relevancia que tiene en el diseño de políticas. Y es que todos los grandes y medianos países de la UE (desde Alemania a Polonia, desde Suecia a Portugal) con menores problemas de desocupación que España tienen estructuras empresariales con tasas de grandes empresas superiores a las de España.
Porque una de las características del “modelo productivo” más llamativas no es de tipo sectorial, sino de dimensión empresarial. Se suele llamar la atención sobre la minúscula dimensión media de las empresas españolas, menor que la de los principales socios comunitarios. Pero se presta menos atención al hecho (y a las consecuencias) de tener muy pocas grandes empresas locales. Con unas 11.700 empresas por cada cien mil activos, España está algo por encima de la media europea (10.600). Pero casi todas estas empresas se concentran en las micro y pequeñas empresas. Frente a la media europea de 19 grandes empresas por cada cien mil activos, España solo cuenta con 15,6. Muy lejos de las 25-30 de que disponen en Alemania, Irlanda, Dinamarca o Austria.
Pero es que incluso en países con tasas de grandes empresas en relación a la población trabajadora similares, como Francia o Italia, la gran diferencia estriba en el peso que tienen las empresas nacionales (muchas más que en España) en este segmento empresarial.
A veces se olvida que por cada dos euros de valor añadido generado por las empresas, y el correspondiente empleo para producirlos, recogidos en el PIB en forma de crecimiento y volumen de actividad, las empresas demandan un euro de consumos intermedios, que también tiene que producirlo el trabajo de los ocupados. Disponer de grandes empresas es fundamental para que estas dinamicen no solo el empleo directo, sino también el tejido de otras grandes, medias y pequeñas empresas que suministran servicios y todo tipo de componentes a las grandes. Si estas son extranjeras, lo más probable es que las actividades más relevantes desde el punto de vista de la complejidad tecnológica se reserven a empresas del país de origen. Además, los gobiernos nacionales de dichas multinacionales pueden ejercer presión para que se abastezcan con empresas locales en los suministros más generadores de empleo.
Por el contrario, un tejido de grandes empresas reducido, y además dominado por capitales extranjeros, es una debilidad estructural que facilita la deslocalización de empresas (que se van acompañando las decisiones de inversión de las grandes), exige un sobresfuerzo (en salarios y costes, jornadas y condiciones de trabajo) para mantener segmentos de producción en el propio territorio de localización de la multinacional, y reduce el margen de maniobra de las políticas púbicas a la hora de negociar con las grandes empresas condiciones de acceso para la propia red de pymes locales.
Las grandes empresas no solo crean empleo para producir los bienes y servicios que ofrecen al público, sino que dinamizan el tejido empresarial allí donde se ubican, siendo uno de los principales demandantes de productos y servicios intermedios, necesarios para su propio proceso de producción.
Paradójicamente, no son pocos los responsables políticos españoles que hacen virtud de proclamar a los cuatro vientos las maldades de las mayores empresas del país. Eso sí, siempre que en su consejo de administración o en el accionariado haya una presencia significativa española, porque las empresas extranjeras, que dominan el panorama hispano de las grandes, están exentas de vilipendios. Las empresas extranjeras son apenas el 0,5% de las pymes, pero más del 30% de las grandes. Sin embargo, siempre son tres o cuatro grandes empresas españolas las que aparecen en la tertulia pública a la hora de las críticas.
Esa visión reaccionaria del capital, que defiende lo pequeño y ataca lo grande, forma parte de una cultura política de clase media que se dice progresista, y que se encuentra muchas veces en la base de la incapacidad de afrontar racionalmente muchos problemas. En el caso de paro, sin duda.
Profesor titular de Economía Política en UPV/EHU
