as instituciones europeas llevan varios años tratando de meter en cintura a los gigantes digitales que controlan los datos y, con ello, los ingresos de publicidad en Internet. Bruselas considera que los Google, Facebook, Meta o Apple, son una especie de cuatreros que manejan el "salvaje Oeste" en que se ha convertido la Red. Por ello, va dando pasos decididos para intentar de poner ley y orden a la europea en el mundo digital. El más reciente, la aprobación por parte del Parlamento Europeo del texto que dará base a la negociación de los Estados miembros en el Consejo y con la Comisión Europea de la Ley de Servicios Digitales. La propuesta que sale de los eurodiputados define unas responsabilidades claras para los proveedores de servicios intermediarios y en concreto para las plataformas en línea, como redes sociales o mercados digitales. Una batalla en la que los gigantes norteamericanos llevan años gastando mucho dinero para suavizar la posición europea a base de lobby y de pagos a los medios de comunicación en la UE.

Los servicios digitales juegan un papel importante en nuestra vida: usamos sitios web, redes sociales, libros electrónicos, almacenamiento en la nube, emisiones de música y vídeo. Todas estas acciones se definen como servicios digitales. En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso un nuevo marco legislativo para hacer frente a desafíos como la venta de productos falsos, la difusión del discurso de odio, las amenazas cibernéticas, la limitación de la competencia y el dominio del mercado. La idea básica detrás de la propuesta es que lo que es ilegal en el mundo real, también debería ser ilegal en el mundo en línea. Una vez se adopte, su objetivo será crear un mundo en línea más seguro. Básicamente modernizará la directiva de comercio electrónico de la UE. La nueva ley permitirá a los usuarios opinar sobre lo que ven en línea. Por ejemplo, regulará los anuncios personalizados y obligará a las plataformas a borrar el contenido dañino e ilegal. En concreto, se centrará en la incitación al odio, la desinformación y los productos falsificados de venta en línea. Las plataformas se enfrentarán a sanciones si no actúan.

La nueva ley afectará a plataformas e intermediarios en línea utilizados por millones de europeos todos los días. Incluyen plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook, tiendas de aplicaciones, plataformas para compartir vídeos y música, como YouTube y Spotify, sitios de viajes en línea como Airbnb y otros mercados digitales. Se pondrá especial atención a las grandes plataformas online (45 millones de usuarios al mes). La ley también se aplicará a las empresas con sede fuera de la UE si prestan servicios en el mercado único. Los legisladores esperan que la ley asegure la igualdad de condiciones en el mercado y permita que las pequeñas y medianas empresas puedan tener su espacio en el mercado. También se espera que la nueva ley marque un estándar a nivel mundial para los servicios digitales y que terceros países adopten reglamentaciones similares.

Los usuarios podrán señalar contenido ilegal, y la plataforma estará obligada a notificarles cualquier decisión. También se establecerá un sistema de indicadores de confianza para entidades con experiencia concreta en un área en particular. Habrá reglas específicas para las grandes plataformas en línea, donde los usuarios podrán evitar el contenido personalizado. Las plataformas tendrán más responsabilidad en la desinformación. También permitirá a los usuarios ponerse en contacto con las empresas de redes sociales en caso de que sus cuentas estén bloqueadas, por ejemplo. Quedan aún pasos que dar que pueden ser complicados. Una vez establecida la posición negociadora del Parlamento sobre el texto, comenzarán las conversaciones tanto con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los países, como con la Comisión. Francia, que ocupa la presidencia del Consejo, quiere cerrar el expediente antes de que finalice su mandato en julio, pero es poco probable que se logre. Una vez concluyan las conversaciones y se alcance un acuerdo entre las instituciones, el texto volverá al Parlamento Europeo. Los eurodiputados deberán votar una versión definitiva, después de lo cual, y si se aprueba, la legislación deberá aplicarse en los Estados antes de convertirse en ley. Estamos hablando de principios de 2023, después se verá si la UE puede poner puertas al campo.