os ministros de Agricultura de la UE han aprobado la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2023-2027. Se trata de la política comunitaria más longeva de la Unión y a la que se dedican alrededor de un tercio de los presupuestos de Bruselas. Ahora se actualiza teniendo en cuenta los nuevos retos de la agricultura europea: la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental. A España le corresponden 47.000 millones de euros, de los casi 400.000 millones de euros que componen la PAC. Se apuesta por el llamado “agricultor genuino”, que no es otro que el que tiene como principal actividad la agricultura o la ganadería. Convierte en figura central a los “ecoesquemas” como instrumentos para la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la biodiversidad. Sin duda, la nueva PAC va a cambiar el modelo de producción y, con ello de consumo, de los europeos.

La nueva reforma contará con unos fondos de 47.000 millones de euros para España que se distribuirán como Ayuda Básica a la Renta en el 60% de los pagos directos, incluyendo la actual política verde, y como aumento de medidas medioambientales en el 40% restante. Aquí se incluyen los pagos para los “ecoesquemas”, proponiendo medidas más estrictas en materia medioambiental y a las que se destinará entre un 20% y un 30% del montante. El Consejo ha aprobado una modificación de la definición de agricultor genuino en la que se excluya a quienes no tengan la agricultura o ganadería como actividad principal. Así, en la futura PAC, el agricultor genuino será el beneficiario de las ayudas y el Ministerio de Agricultura ha propuesto que esta figura se corresponda con aquellos cuyos ingresos agrarios sean un determinado porcentaje de sus ingresos totales, como un 20%, un 25% o un 30%.

La reforma también contempla la limitación de las ayudas a los 100.000 euros por explotación, previa deducción de gastos por empleo agrícola con recortes progresivos a partir de los 65.000 euros. Pero será la digitalización, la gestión masiva de datos y el empleo de tecnología y de inteligencia artificial las que van a permitir mejorar la eficiencia y la rentabilidad a los agricultores, lo que será un gran incentivo para superar los retos de la nueva PAC. Pero la realidad es que el cambio de una política agraria a una política agroalimentaria va a depender absolutamente de que el consumidor final prefiera los productos sostenibles, equilibre la cadena, evite la deslocalización y promueva el relevo generacional, pues esto significará que la agricultura es sostenible, social, económica y medioambiental. Un cúmulo de retos que deben abordarse en muy poco tiempo y que está íntimamente ligado a la desertización rural que ya es un problema generalizado en la Unión Europea.

La incorporación de la tecnología y el papel de los “ecoesquemas” de la PAC ha permitido que alcance un nivel extraordinario de competitividad y de especialización. Son instrumentos clave en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la biodiversidad, porque proponen un nuevo régimen de pago medioambiental a través de un incentivo a agricultores y ganaderos para que desarrollen sus explotaciones cuidando del clima y del medioambiente. Este instrumento beneficia a la agricultura, que juega un gran papel en los planes de las Estrategias de Biodiversidad 2030 y De la granja a la mesa, dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo, que son: disminuir un 10% la superficie agraria útil; aumentar hasta el 25% la superficie de los cultivos ecológicos; reducir un 50% el uso de fitosanitarios y un 20% el de fertilizantes y reducir a la mitad el uso de antibióticos. En definitiva, en la nueva PAC está implícita en gran medida la suerte del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad europeos.