orprende la rapidez y la contundencia de la empresa Verter Recycling para denunciar lo que consideran “detención ilegal” de su propietario, su ingeniero jefe y su gerente. Cómo hubiéramos agradecido una celeridad semejante para haber aclarado las circunstancias de la tragedia -parece que nada accidental- del vertedero de Zaldibar, su vertedero, según consta en el registro de la propiedad. Pero no. Todo lo que hemos tenido en estos casi seis meses eternos han sido tibias notas de despeje a córner, pobres excusas y, en definitiva, silbidos a la vía. Para qué otra cosa, si el marronazo del desplome se lo estaba comiendo a mordiscos el Gobierno Vasco o, más concretamente, el lehendakari.
Y miren, yo no digo que el Ejecutivo o el propio Iñigo Urkullu hayan estado acertados en todas sus decisiones, especialmente en los primeros días tras el desplome, cuando mostraron más titubeos de los necesarios. Pero nos conocemos lo suficiente, porque tenemos un puñado de casos calcados a este, para saber que el carroñerismo político no se iba a parar en barras. Como botón de muestra, los buitres de signo ideológico opuesto cacareando las mismas letanías presuntamente en nombre de los dos trabajadores sepultados. Sin descartar otras responsabilidades, ahora el foco está donde debe, en los dueños de la empresa.
