Trebiño acata regirse por las restricciones de Castilla y León

La Dirección de Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León tuvo conocimiento, el pasado 2 de febrero, a través de los medios de comunicación, de la publicación de un bando por parte del Ayuntamiento del Condado de Trebiño del 1 de febrero. En dicho bando se explicaba a sus vecinos que en ese municipio se aplicarían las medidas restrictivas para frenar la pandemia del covid-19 acordadas por el Gobierno de Euskadi.

La Junta respondió ese mismo día por carta al citado ayuntamiento requiriéndole para que remitiera la resolución administrativa en la que se basaba el bando por los cauces habituales, según la normativa vigente de régimen local. Igualmente, con la misiva, la Junta recordó al consistorio del Condado de Trebiño que un ayuntamiento "no tiene competencia para decidir o interpretar qué normativa autonómica o estatal se aplica en su territorio. Las normas se aplican per sé a sus destinatarios, sin posibilidad de injerencias por otra administración y solo pueden ser suspendidas en su aplicación por los tribunales de justicia".

Al día siguiente, el 3 de febrero, el alcalde de dicho municipio, Enrique Barbadillo, escribió una carta a la Junta de Castilla y León justificando la legalidad del bando publicado, que se basaba en el decreto estatal por el que durante la pandemia los enclaves se regirían por lo establecido en el territorio donde estuvieran, como así lo había ratificado el Congreso de los Diputados. La Consejería de Presidencia, una vez consultados los servicios jurídicos, contestó al Consistorio del Condado de Trebiño requiriendo la anulación del bando.

Dos semanas después de la respuesta de la Junta, el Ayuntamiento remitió un certificado de anulación del dicho bando a la Junta de Castilla y León, y el 18 de marzo, la Consejería de Presidencia elaboró una propuesta de finalización del requerimiento de anulación, firmada por el consejero.