Separados de la pareja, pero no de los hijos

18.03.2021 | 23:41
El presidente de Kidetza, Juan Pablo Pousibet, que también es el máximo portavoz de Agipase, posando en Errenteria.

Con motivo del día del padre, KIDETZA HACE REPASO DE LOS retos QUE aún quedan EN CORRESPONSABILIDAD PARENTAL

Euskadi puede sacar pecho de los avances que ha logrado en materia de corresponsabilidad parental en los últimos años, gracias a la conocida popularmente como Ley vasca de Custodia compartida, aunque realmente su título sea el de Ley 7/2015, de 30 de junio, de Relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Así, al menos, lo destaca Kidetza, la Federación vasca para el apoyo integral en las crisis familiares, con más de mil socios en sus tres asociaciones territoriales (Agipase, Abipase y Amapase, de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, respectivamente), ya que desde que se estableció que este régimen fuera el de preferente aplicación, cada vez son más las custodias compartidas que se otorgan en el País Vasco. "Es un avance como sociedad, porque implica a los progenitores varones en la crianza de los niños en condiciones de igualdad y, además, cada vez hay menos litigiosidad al respecto. Euskadi, lógicamente, está mejor que otras comunidades, al tener una legislación propia, que sí que da capacidad al juez para otorgar la custodia compartida. Somos pioneros y deberíamos estar orgullosos como sociedad", enfatiza Juan Pablo Pousibet, presidente de Kidetza.

Su federación fue la que impulsó la iniciativa que hizo posible que se tramitara esa ley y ahora es también la que alza la voz de alarma ante la propuesta que ha hecho EH Bildu para reformarla en el Parlamento Vasco, pidiendo que la custodia compartida no sea posible cuando estén en curso causas por violencia de género. Algo que, a juicio de Kidetza, atenta contra el principio de presunción de inocencia. Por ello, aboga porque lo que prime sea la cautela, hasta que no haya una sentencia firme al respecto.

"AUTOMATISMOS" De lo contrario, cree que se estaría generalizando o "legislando para toda la sociedad", como lo define Pousibet. "Estar inmerso en un delito de violencia de género es un hecho grave, pero si no hay un indicador de que ese delito se ha producido, no puede ser automáticamente excluyente para ejercer la custodia", declara. De ahí que desde Kidetza no se entienda el cambio que quiera hacer la coalición abertzale, ya que "lo único que va a hacer es limitar su capacidad de decisión y hacer automatismos, que eso en justicia es una aberración porque no todos los casos son iguales y eso atenta contra el principio de proporcionalidad".

Y como puntualiza, las sentencias en estos casos no se dictan hasta que se escucha a cada una de las partes y sin que se valoren las pruebas. "Aparte de que es una ley que no tiene que funcionar por sí sola, sino que tiene que ir acompañada por otras leyes vascas y estatales. Así, está totalmente dotada para proteger a los menores de padres y madres maltratadoras", matiza.

Por todo ello, el máximo representante de Kidetza considera que un cambio de legislación ahora mismo no es necesario. "Lo que necesitarían los menores sería que se dieran facilidades a los padres para ejercer la corresponsabilidad por parte de las instituciones. El problema es que se ha desvirtuado el debate en sede parlamentaria y creo que se está atacando a la ley equivocada. No se está viendo desde el prisma de los menores. Los políticos no pueden hacer el trabajo de los jueces con automatismos", remarca.

EN APUROS La pandemia actual también ha puesto en apuros a más de un progenitor separado. "El otro día uno de nuestros socios se nos quejaba de que Osakidetza solo había informado del resultado de una PCR negativa a uno de los progenitores y como esta madre no informó del resultado, tanto el padre como el hijo siguieron haciendo la cuarentena en casa", ejemplifica.

Aunque lo peor, como señala, son los duros efectos económicos que ha traído la crisis sanitaria, tras la llegada de ERTE o despidos, los cuales también pasan factura a la pensión alimenticia, puesto que cuando ésta se dicta en el juzgado, se hace en base a lo que cobran los progenitores en ese momento, pero si su situación económica cambia, se sigue igualmente obligado a seguir pagándola, en las mismas condiciones fijadas por la sentencia, ya que para modificarla, tienen que acudir de nuevo a los juzgados con el coste que ello conlleva. "Tenemos un caso de un comercial, que cobraba cerca de los 3.000 euros mensuales. Tres años después, y una pandemia de por medio, tenía ingresos de 600 euros, y ya no podía hacer frente a esa pensión de manutención ni tampoco a su piso de alquiler", ilustra.

Son las nuevos dificultades que ha traído esta pandemia a los divorciados y que se suman a otras viejas, como el llamamiento de Kidetza para incrementar el número de viviendas de alquiler social para personas separadas, ya que según sus datos, en Euskadi, 7 de cada 10 hijos de padres separados no tienen una vivienda digna donde convivir con el progenitor no custodio. "En Agipase gestionamos un piso para personas que se encuentran en esa situación, pero creemos que esta parte que recae a nivel asociativo de alquiler social tendría que hacerse más a nivel institucional", propone.

Kidetza también pide que se impulse más la mediación familiar para evitar litigios. "La mayoría de los divorcios que manejamos son por acuerdos. Hacemos mediación familiar extrajudicial y la verdad es que los resultados son muy buenos. Tenemos a psicólogos que preparan a la pareja antes de llegar a la mediación para que sean conscientes de que no es solo un reparto de bienes, sino la responsabilidad de ser padres porque lo van a seguir siendo aunque dejen de ser pareja", enfatiza. Y es que, como dice, los divorcios podrían ser mucho más saludables, "con más formación desde la escuela y con más apoyo institucional".

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