El Observatorio contra la LGTBI-fobia de Gasteiz (Ikusgune), de la mano de sus homólogos en Catalunya y A Coruña, ha presentado este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo español por la "infrafinanciación" que estas entidades están recibiendo en los tiempos recientes por parte de las administraciones públicas.

Los tres observatorios reclaman en su escrito a Francisco Fernández Marugán que impulse una investigación ante un "progresivo recorte de recursos" que, en sus palabras, "limita" e incluso "imposibilita los diferentes servicios de acompañamiento, atención legal, jurídica y psicosocial a las víctimas por LGTBI-fobia".

"Sin una financiación adecuada que nos nutra de recursos económicos, materiales, humanos y sociales, nos vemos en la obligación de denunciar ante su figura que el escenario que se dibuja es preocupante", apuntan las tres entidades.

Más discursos de odio

Amets Martinez de Heredita, presidente de la entidad que gestiona Ikusgune a través de un convenio con el Ayuntamiento de Gasteiz, Lumagorri ZAT, critica que es "inadmisible" que "en un contexto de ascenso de los delitos y discursos de odio, con el agravante de una crisis sanitaria como la que vivimos, los recursos a hacer frente a la LGTBI-fobia vayan mermándose".

"Las instituciones deben reconocer y apoyar el trabajo que desde los observatorios venimos realizando como así se esta demandando por parte del Ararteko y otras instancias", censura Martínez de Heredita.

Recorte presupuestario

Cabe recordar que Lumagorri ZAT presentó la semana pasada varias aportaciones al proyecto presupuestario del gobierno municipal de Gasteiz para "revertir el camino de recortes" que el borrador plantea en las políticas LGTBI para este nuevo año.

Ajustes que, según el colectivo, son de casi el 70% en las partidas destinadas a la Agenda para la diversidad sexual y de género y al propio Observatorio de Gasteiz, que de recibir 150.000 euros en las Cuentas de 2020 han pasado a tener una dotación de sólo 50.000 en el proyecto de 2021.

Los tres observatorios acaban solicitando a Fernández Marugan que tenga por admitida su queja y proceda a estudiar si las ayudas que reciben por parte de las distintas administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales "son ajustadas, proporcionadas, y de acuerdo a los servicios y atenciones y necesidades de las víctimas por LGTBI-fobia en los diferentes territorios del estado español" donde trabajan.