- Los hosteleros vascos reclamaron ayer medidas económicas durante todo el tiempo en que bares y restaurantes deban permanecer cerrados y pidieron también ayudas para la fase de desescalada porque su actividad estará sujeta a limitaciones y por tanto sus ingresos serán menores.

Representantes de la plataforma SOS Ostalaritza, Agustin Rodríguez; de la Asociación de Taberneros de Bizkaia, Ihintza Torres; y de Kutxiko Taskeroak, Iñigo Ortiz y Carlos Sobrón, comparecieron en comisión en el Parlamento Vasco para explicar la situación “crítica” del sector tras su cierre el día 7, dentro de las últimas medidas para contener la covid-19. Antes de esa fecha el sector, que emplea a unas 60.000 personas, acumulaba unas pérdidas de 200 millones de euros, de manera que ya no hay “fondo de resistencia” para que los negocios sobrevivan a las nuevas restricciones.

Denunciaron que hay hosteleros que aún no han cobrado las ayudas que se articularon en la primera oleada de la pandemia y que las anunciadas para este segundo cierre (entre 3.000 y 4.000 euros por negocio) son “insuficientes”. “Pueden valer para un mes, pero si para el 1 de diciembre no podemos abrir, ¿seguirán en marcha estas ayudas directas?”, se preguntaron, al tiempo que pidieron que se paguen con carácter retroactivo para los tres meses de cierre en primavera. “Pónganse las pilas, las ayudas las necesitamos ya”, demandaron.

Reclamaron además ayudas durante la desescalada porque bares y restaurantes no podrán abrir al 100%. Habrá restricciones de aforo o consumo únicamente en mesa que “repercuten seriamente en los locales pequeños, que no son viables, y además las terrazas no se podrán “rentabilizar” porque en Euskadi en invierno “el clima no acompaña”.

De esta manera, plantearon que mientras dure el cierre total cada autónomo cobre el salario mínimo “más la cuota de autónomos, ya que es el Gobierno Vasco el que impide” que puedan trabajar, y que en caso de apertura del sector con limitación de aforo y horario se cobre “una cuantía proporcional”.

Asimismo, pidieron al Gobierno Vasco un decreto que “garantice la revisión de alquileres durante el estado de alarma” siguiendo la estela del decreto-ley de la Generalitat de Catalunya que establece que si no hay acuerdo entre inquilino y propietario la renta se reduzca a la mitad automáticamente para negocios cerrados o con actividad limitada. También solicitaron exenciones fiscales si no pueden abrir y un rebaja cuando se trabaje de manera limitada.